El Congreso de los Diputados renuncia a concluir la tramitación antes de su disolución el próximo 26 de septiembre de un total de 15 proyectos de ley, entre ellos la nueva negociación colectiva y el que pretendía regular los derechos de las personas ante el proceso final de la vida, la contestada ley de muerte digna.

El presidente del Congreso, José Bono, ha ampliado el plazo para la presentación de enmiendas a esas 15 iniciativas legislativas del Gobierno. Aunque se está tramitando con urgencia, fuentes parlamentarias asumen que sería extremadamente complicado concluir su tramitación antes de la disolución de las Cortes.

Hasta el próximo día 13 es la fecha clave. Se ha prorrogado hasta entonces la presentación de enmiendas de totalidad a las leyes de muerte digna y de servicios funerarios  así como a otros dos proyectos que ya se daban por perdidos: el de Navegación Marítima y el de pesca sostenible, cuya tramitación lleva parada más de un año.

También se cumple entonces el plazo para registrar enmiendas parciales a las leyes de igualdad de trato; de mediación en asuntos civiles y mercantiles; a la de ordenación de transportes terrestres; el nuevo régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas y el proyecto sobre captación de financiación en los mercados por los concesionarios de obras públicas.

Para el decreto-ley de la nueva negociación colectiva el plazo para la presentación de enmiendas de totalidad se ha prorrogado hasta el 10 de septiembre. Como ese día es sábado lo normal es que se vuelva a ampliar hasta el día 13.

Tampoco verán finalmente la luz otros seis proyectos de ley: que el modifica la Inspección de Trabajo, el que regulaba la creación de los tribunales de instancia, el de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, el de supervisión de seguros privados y otros dos relativos al mercado europeo del gas y la electricidad.

Con la ampliación de plazos acordada también se ha cerrado la posibilidad de salida de un total de 27 proposiciones de ley impulsadas por distintos grupos parlamentarios, que el Congreso acordó tramitar pero que han estado paralizadas desde que se tomaron en consideración.