(Ampliación) El Gobierno y los Ayuntamientos afectados firman el Plan de Derribos, que afecta a 621 viviendas

El consejero de Medio Ambiente presentará mañana el documento al presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de TSJC
El Consejero De Medio Ambiente Comparece En El Parlamento
El Consejero De Medio Ambiente Comparece En El Parlamento
GOBIERNO/EP

El presidente regional, Ignacio Diego, y el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Javier Fernández, han firmado esta misma mañana con los ayuntamientos afectados el plan para la ejecución de las sentencias de derribo, un documento "preciso" que aborda "municipio a municipio y urbanización a urbanización", y que establece el calendario para la demolición de un total de 621 viviendas.

El consejero de Medio Ambiente ha explicado este miércoles en el Parlamento que el documento se basa en el respeto a la ley, a las sentencias de derribo y a los derechos de las partes, y ha defendido estos principios frente a la actuación del anterior Gobierno que tachó de "calamitosa" porque en su opinión, se limitó a "buscar mecanismos para eludir su responsabilidad y para eludir las sentencias, y ha buscado el enfrentamiento con los jueces".

Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, el consejero presentará mañana jueves el documento-propuesta al juez Rafael Losada, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, a las 9.30 horas, y el día 14 se celebrará una reunión de trabajo en la que el Gobierno espera ser capaz de "convencer" a los órganos jurisdiccionales y recibir su "visto bueno" al documento.

Javier Fernández inició su primera comparecencia de la legislatura en el Parlamento anunciando la firma de la propuesta, esta misma mañana, por parte del presidente del Gobierno, Ignacio Diego, él mismo y los ayuntamientos afectados -Argoños, Arnuero, Escalante, Miengo, Piélagos y San Vicente de la Barquera-.

"con nombres y apellidos"

El consejero, que solicitará una comparecencia en el Parlamento para informar sobre este tema, no ha desvelado ningún plazo por "cortesía elemental" hacia la Sala de lo Contencioso-Administrativa, a la que va dirigida la propuesta, pero sí ha avanzado, en respuesta a preguntas de los medios de comunicación, que en el documento aparecen "con nombres y apellidos" las distintas urbanizaciones, con el número de viviendas a demoler, plazos y dotaciones económicas. "Se ha pasado de la música a la letra", apostilló.

También ha asegurado que cuando tengan el visto bueno del TJSC, el calendario "se va a abordar desde ya" y no va a haber "tiempos muertos", de forma que cada uno de los procedimientos se va a abordar "desde 2011, y unos finalizarán en una fecha y otros en otra". Ha explicado que la propuesta se tiene que instrumentalizar en cada caso. Así, el Gobierno se personará en todos y cada uno de los procedimientos aportando ese mismo documento, y planteará formas concretas de ejecutar las sentencias en cada caso.

El consejero ha mantenido ayer martes una reunión con ARCA, promotora de la mayoría de los procesos judiciales que han culminado en sentencias de derribo, para informarla de las líneas generales de la propuesta. "Me imagino que ARCA, como parte demandante, seguirá como siempre defendiendo sus planteamientos e intereses, pero estoy seguro de que lo hará con la máxima lealtad", explicó Fernández a los medios de comunicación.

En cuanto a los afectados, ha afirmado que están manteniendo una actitud "absolutamente ejemplar". "Entienden el esfuerzo que está haciendo el Gobierno, saben que nunca les va a abandonar y creo que se están dando cuenta de que es la única solución real viable", ha señalado.

Actuación "relámpago"

El consejero ha subrayado que en tan sólo dos meses, el Gobierno ha sabido afrontar "con pragmatismo, realismo, participación y sencillez", y en una actuación "relámpago", la solución a un problema "muy grave" como el de las sentencias de derribo, en el que al Ejecutivo anterior le ha faltado, a su juicio, "sentido común".

Añadió que el Gobierno ha contado con la colaboración de todos los Ayuntamientos implicados, "que en buena medida participaron en los trabajos de preparación de este documento", y también con todos los sectores afectados por el mismo, asociaciones de afectados, incluso representantes legales de algunas de las personas cuya vivienda va a tener que ser demolida, y la asociación ecologista ARCA como parte demandante en buena parte de los procedimientos, cuya opinión "también nos merece ser escuchada y tenida en cuenta", dijo.

Durante el debate posterior a la intervención del consejero en el Parlamento, el portavoz del PSOE, Miguel Angel Palacio, ha afirmado que la aprobación de un calendario para ejecutar las sentencias de derribo de acuerdo con los jueces le parece "correcto" pero "esa no era la posición del PP hace unos meses", cuando estando todavía en la oposición propuso obligar al Gobierno a conceder a los afectados anticipos a cuenta de las indemnizaciones.

El consejero replicó que el compromiso del Gobierno es "única y exclusivamente con los ciudadanos, que nos exigen afrontar los problemas con valentía y decisión". Añadió que se han sentado unas bases "aceptadas por todas las partes" y ha puntualizado que "hay que ser colaboradores de los jueces, no buscar el enfrentamiento" con ellos. A la vez que criticó la actuación del anterior Gobierno defendió la labor del Parlamento y la constitucionalidad de la Ley de Derribos, que considera una norma "justa".

Por su parte, el portavoz del PP, Carlos Albalá, ha considerado "esperanzador" que en "60 días", el Gobierno haya conseguido "dar casi la solución definitiva" a un problema que proviene de hace 12 años y que el anterior Ejecutivo "no ha sabido solucionar en ocho años".

Y lo ha hecho, destacó, con respeto a las sentencias de derribo, y "no intentando quebrar el Estado de Derecho", por lo que en su opinión, el Gobierno de Ignacio Diego "ha logrado hasta la cuadratura del círculo" y "nos ha dado el alegrón de las dos últimas legislaturas". En su opinión, la coalición PRC-PSOE creó durante su mandato "más problemas de los que solucionó".

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