El Departamento de Obras Públicas del Gobierno de Aragón ha iniciado el estudio del procedimiento jurídico que dé solución al desarrollo del aeropuerto-aeródromo de Teruel, después de que ayer no se firmara el contrato de concesión a la empresa TARMAC, al plantear la adjudicataria, el mismo día en que se debía suscribir el contrato, la inclusión de una addenda que significa modificar el contenido del pliego de condiciones en virtud del que fue adjudicado el contrato.

Esta addenda supondría una inversión complementaria y extraordinaria de cuatro millones de euros, y fue firmada por el anterior titular de Obras Públicas.

Esta circunstancia provoca un impedimento legal que obliga a la elaboración de los preceptivos informes jurídicos que puedan avalar la adjudicación definitiva, ha indicado el Gobierno de Aragón en un comunicado.

El Gobierno de Aragón ratifica su compromiso con esta infraestructura por la importancia estratégica que tiene para el desarrollo de la provincia de Teruel y lamenta, una vez más, la falta de rigor del anterior Ejecutivo en este procedimiento.