El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha rechazado que la reforma constitucional vaya a afectar a los derechos históricos, como advierte el PNV, y ha asegurado que no tiene que ser consultada la ciudadanía, en este caso, mediante un referéndum porque, además, se celebrarán elecciones el 20-N, que servirán para "ratificar, premiar o castigar" la medida.

"No hace falta hacer un referéndum sobre todo. No lo hicimos sobre el matrimonio homosexual, ni sobre la liberalización del aborto, que tienen una repercusión fuerte en la moral pública, pero no todo tiene que ser consultado y hay unas elecciones para ratificar, premiar o castigar", ha señalado en una entrevista a Onda Vasca recogida por Europa Press.

El dirigente del PSOE ha precisado, frente a la posición del PNV, que la reforma constitucional no afectará a los derechos históricos, que tienen un "reconocimiento constitucional y jurídico-político absoluto que nadie cuestiona", por lo que, según ha insistido, "nada va a cambiar y nada se recentraliza".

Ha explicado que el Estado no puede fijar el déficit sobre la base de 17 parlamentos autonómicos. "Alguien tiene que velar por el conjunto de la moneda única en España y ése es el Parlamento español y es la Constitución la que establece cuál es el límite de gasto de España, pero no se recentraliza nada", ha reiterado.

Soberanía política

En ese sentido, ha apuntado que cada Legislativo autonómico seguirá haciendo su propio presupuesto "con su autonomía y soberanía política".

Se trata, según ha explicado, "no de una reforma profunda", sino "puntual, de un artículo" de la Carta Magna que ya se contemplaba en una Ley Orgánica de 2006, que establece la estabilidad presupuestaria para España.

"No es una ley fundamentalista de decir déficit cero, es una ley que permite analizar cuál es tu balance de ingresos y gastos con una perspectiva más amplia en el tiempo y teniendo en cuenta circunstancias más particulares como pueden ser catástrofes o recesiones, que permiten pulmones de gasto complementario, de déficit inclusive, como hemos tenido estos últimos años", ha apuntado.

Desde ese punto de vista, ha defendido la reforma porque, según ha dicho, es "suficientemente flexible" para que el Estado la adopte y afronte el futuro "con cierta serenidad", pero, al mismo tiempo, establece "un compromiso político del máximo nivel que, en este momento reclama la situación económica".