Justicia arrastra un desfase de un millón de euros anual por una mala negociación de los costes de personal, según Díaz

PSOE y PRC piden a la nueva consejera que no se paralicen las inversiones en Justicia
La Consejera De Presidencia Y Justicia Durante Su Comparecencia
La Consejera De Presidencia Y Justicia Durante Su Comparecencia
EUROPA PRESS
La Consejera De Presidencia Y Justicia Durante Su Comparecencia

La consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, ha denunciado este martes en el Parlamento que la Administración de Justicia en Cantabria arrastra un desfase de un millón de euros anuales como consecuencia de una incorrecta cuantificación de los gastos de personal en la negociación para el traspaso de las competencias a la comunidad autónoma. Por su parte, PSOE y PRC han pedido al Gobierno que no paralice las inversiones en Justicia.

Según la consejera, el "desfase" entre lo que se negoció en el traspaso y el coste real del capítulo de personal nace del hecho de no haber tenido en cuenta el coste de la homogeneización de las retribuciones con las del resto de empleados públicos del Gobierno de Cantabria.

La consejera ha afirmado que los presupuestos del anterior Gobierno en el área de Justicia eran "ficticios" porque no recogían el coste real de las plantillas y "a mitad de año se buscaba dinero por ahí para poder pagar las nóminas". Ha añadido que la Dirección General de Función Pública tenía una bolsa de dinero para imprevistos que desde entonces "ya no existe, porque se ha agotado en financiar una competencia que no se cuantificó correctamente".

Leticia Díaz ha destacado que en este contexto se enmarcaban las declaraciones realizadas por el presidente regional, Ignacio Diego, sobre la posible devolución de competencias al Estado, porque recibir una competencia mal tramitada en cuanto a cuantificación es un lastre para la Comunidad Autónoma.

La consejera, que compareció durante más de dos horas en el Parlamento, a petición propia, para informar de los objetivos y proyectos de su departamento en los próximos cuatro años, realizó estas afirmaciones después de que tanto el portavoz socialista, Francisco Fernández Mañanes, como la regionalista Rosa Valdés, sacaran a colación las palabras de Ignacio Diego y mostraran su preocupación y rechazo al respecto.

Fernández Mañanes se congratuló de que el Gobierno "haya decidido no hacer nada" al respecto pese a que en el PP existe una "corriente mayoritaria que aboga" por la devolución de competencias de las Comunidades Autónomas al Estado.

También pidió a Leticia Díaz que no se paralicen las inversiones en este área, en el que a su juicio "no cabe ni punto muerto ni marcha atrás", porque la Justicia también "contribuye a la mejora de la economía". En la misma línea se pronunció la portavoz del PRC, quien subrayó que el apoyo a las competencias de Justicia también es "una política social" y criticó el anuncio de Diego de que las obras de la nueva sede judicial en la antigua Tabacalera no se acometerán en 2012.

La consejera ha afirmado que ese proyecto es una "prioridad" para el Gobierno de Ignacio Diego, que "no lo abandona sino que lo abandera", y ha pedido a los grupos de la oposición que digan "de donde sacamos los fondos para hacerla". Su ejecución "dependerá de cómo vaya la evolución de ingresos", comentó Leticia Díaz a los medios de comunicación al término de la comparecencia.

En cuanto a la Administración de Justicia, ha afirmado que a la mala negociación de las transferencias se une un modelo de gestión "ineficaz" que hace que, por ejemplo, se gasten 139.000 euros anuales en taxi para notificaciones, cuando el Gobierno cuenta con un parque móvil de más de 400 vehículos. Según ha señalado, por este concepto se llevan gastados este año 102.000 euros y existe una deuda de 63.000 euros que "no sabemos cómo pagar".

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