El Colectivo Ecologista Rioja (CER) ha considerado "sumamente grave" la modificación de la Ley de Agua que, según señala en un comunicado, "supone el desmantelamiento de las Confederaciones Hidrográficas".

La organización apunta que el Gobierno ha aprobado recientemente "un Real Decreto Ley por el cual se modifica la Ley de Aguas con el propósito de que Andalucía, Aragón y Cataluña puedan asumir la policía del dominio público hidráulico".

"La modificación rompe con la gestión integral de las cuencas gestionadas hasta ahora por la Confederaciones Hidrográficas del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino", afirma el colectivo.

Por ello, cree que es "sumamente grave esta medida, dado que es un paso fundamental para desmantelar las Confederaciones Hidrográficas, unos dependientes del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino con todas sus carencias y defectos, son importantes instrumentos que garantizan una gestión integral de las cuencas hidrográficas y garantizan la unidad de las cuencas".

Por contra, el Colectivo Ecologista Rioja señala que, con la modificación normativa, "a partir de ahora la gestión se realizará de una forma más fraccionada y de acuerdo a los intereses de cada autonomía".

El acuerdo del Consejo de Ministros dice "en las cuencas hidrográficas intercomunitarias el ejercicio de las funciones descritas en el apartado 2 del artículo 94 de la citada Ley de Aguas corresponderá a las Comunidades Autónomas que tengan prevista la competencia ejecutiva sobre las facultades de policía de dominio público hidráulico en sus Estatutos de Autonomía".

Por tanto, dice el CER, "las competencias de vigilancia del dominio hidráulico pasarán a las comunidades autónomas, según lo establezcan en sus Estatutos de Autonomía".

"Las cuencas, que por el Real Decreto caerán en dominio de las comunidades autónomas, son las intercomunitarias, las compartidas con varias comunidades autónomas como la cuenca del Ebro, no las cuencas internas de cada autonomía", añade.

Asimismo, el Colectivo Ecologista Riojano, coincide con las principales organizaciones ecologistas nacionales, en criticar el procedimiento empleado para llevar a cabo esta modificación; un Real Decreto Legislativo. La Constitución reserva este instrumento para asuntos "de extraordinaria y urgente necesidad", cuando no es el caso.

"Nuestra organización se sumará a todas aquellas iniciativas para frenar esta norma, que creemos innecesaria y que pone fin a la unidad de cuenca e imposibilitará una política estatal de aguas", concluye el CER.