La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) ha afirmado este viernes que la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo no genera "inseguridad jurídica", sino que, por el contrario, "ha mejorado sustancialmente la seguridad jurídica", e "intenta acabar con una situación que durante más de dos décadas ha producido unos daños muy importantes a los ciudadanos".

Así lo ha manifestado la Asociación en un comunicado, en relación a las declaraciones de la fiscal superior de Cantabria, María Teresa Calvo, quien ha afirmado que esta Ley de Derribos contiene determinados aspectos que pueden generar "inseguridad jurídica".

La fiscal ha hecho estas declaraciones durante la presentación de la Memoria Fiscal 2010 ante el Parlamento regional, donde ha aclarado que, aunque estos aspectos son "limitados", pueden ser un "elemento distorsionador a la hora de enfocar una determinada conducta".

En opinión de la Asociación, esta ley, "si bien es un texto mejorable", también es "un gran avance" comparado con lo que existía en esta materia. Además, AMA ha destacado que "las más de 4.000 personas afectadas por la situación" demuestran la "inseguridad jurídica" que ya "existía en la comunidad", y que "ha producido y está produciendo importantes daños a cientos de familias".

"Si la Fiscalía ve indicios de inseguridad jurídica, podemos decir que antes no había indicios, simplemente hemos vivido durante décadas en una inseguridad jurídica permanente", apostilla la asociación en el comunicado.

También ha recordado que las viviendas han sido condenadas al derribo, y las familias afectadas "no han podido ni defenderse ni ser parte de los procesos judiciales". "Los condenados han sido en todos los procedimientos las Administraciones, y las consecuencias las estamos sufriendo quienes no tienen ni culpa ni responsabilidad alguna", ha añadido AMA.

Importancia de las leyes

La asociación se ha mostrado "convencida" de la importancia de la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo y la Ley 2/2011 de 4 de abril, por ser "una ley que ayuda a los ciudadanos en sus reclamaciones ante las Administraciones Públicas".

En su opinión, ésta tiene aspectos "importantes", como clarificar la situación jurídica de las viviendas, informar "detallada y públicamente" de las licencias requeridas, asegurar el patrimonio de las familias, registrar públicamente las demandas y garantizar las cantidades aportadas.

Para AMA, "todas estas medidas han mejorado sustancialmente la seguridad jurídica" en Cantabria, por lo que han destacado el "gran trabajo realizado en esta materia por el Parlamento de Cantabria", al que piden que tramite las peticiones que en defensa de su trabajo y competencias se han presentado recientemente.

Por último, la asociación muestra su respeto a los órganos jurisdiccionales y su apoyo para que se les dote de los medios necesarios para realizar su importante labor, porque "reconoce la falta de medios con la que muchas veces tienen que trabajar".

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