Los investigadores del caso 'Astapa', contra la presunta trama de corrupción de Estepona (Málaga), han analizado determinados convenios urbanísticos y las valoraciones realizadas, entre otros aspectos, sobre los aprovechamientos correspondientes al Ayuntamiento. De hecho, se han peritado siete convenios, faltando por estudiar "un mayor número", según el auto del levantamiento del secreto.

A este respecto, la Agencia Tributaria emitió en abril de 2009 un dictamen, a solicitud del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona, que investiga el caso, sobre las valoraciones efectuadas en el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y el Grupo Prasa referente a la finca conocida como El Ángel, informe recogido en uno de los tomos del sumario y al que ha tenido acceso Europa Press.

El objeto de esta pericial es analizar el grado de idoneidad de ciertos aspectos técnicos de la valoración realizada por los servicios técnicos municipales, con trascedencia en el resultado final de la misma, analizándose la idoneidad de los aprovechamientos y edificaciones utilizados, así como de los métodos de valoración y de los valores de mercado.

Una de las conclusiones del dictamen sobre la valoración realizada en dicha pericia es que el valor del suelo obtenido finalmente por ellos "es cercano al 40 por ciento del valor en venta del producto inmobiliario, porcentaje mucho más ajustado al mercado que el cercano al 25 por ciento propuesto por los servicios técnicos municipales".

El técnico de la Agencia Tributaria encargado del informe destaca en su pericia que han tenido en cuenta a la hora de hacer sus valoraciones "la inmejorable localización" del terreno, "muy cercano al centro urbano de Estepona y de servicios y su exclusividad por ser en ese momento de los escasos suelos vacantes en primera línea de playa".

El objeto de la valoración incluida en el convenio, y cuyo estudio es el objeto de la pericia, es la valoración del suelo correspondiente al 10 por ciento del aprovechamiento de la finca. TESTIGOS

Respecto a las valoraciones de terrenos, el entonces concejal del PP Ricardo Galeote, declaró como testigo y aseguró, en relación a la venta de aprovechamientos durante el mandato del exalcalde socialista Antonio Barrientos que el valor asignado a esos suelos "era muy inferior al valor real del mercado, lo que suponía un grave perjuicio para el Ayuntamiento y un gran margen para la especulación".

Galeote, además, dijo a la Policía que "en el caso de los convenios firmados a cuenta de revisión del PGOU, en los que también ha habido entregas de dinero en contraprestación por las importantes plusvalías de valor de esos suelos, las cantidades a pagar por los promotores eran en la mayoría de los casos irrisorias en relación a las plusvalías generadas".

Los investigadores también tomaron declaración, en calidad de testigo, al director del equipo redactor de la revisión del PGOU, Enrique Bardají, quién en su comparecencia aseguró que en uno de los convenios las valoraciones "no se hicieron bien", lo que hizo "constar por escrito", según se desprende de su declaración recogida en el sumario.

A preguntas de los investigadores, Enrique Bardají reconoció haber recibido presiones "en algunas ocasiones muy fuertes" sobre todo del que fuera gerente de Urbanismo del PES, Pedro López, y de Barrientos, pero también indicaciones del que fuera jefe del gabinete de alcaldía, José Flores.

Delito fiscal

Por otro lado, la Agencia Tributaria también remitió a la Fiscalía un expediente seguido contra el Ayuntamiento, que contempla un posible delito fiscal por "deducciones indebida o ausencia de liquidación" en los ejercicios 2003 y 2004 del IVA devengado a partir de determinadas operaciones del Consistorio, analizándose actuaciones "aparentemente anómalas" de autoridades municipales.

De ese dictamen de Hacienda, según recoge el documento del fiscal Anticorrupción, solicitando que se incorpore el informe, destaca la firma de un contrato en mayo de 2004 "mediante el que la sociedad municipal Empladus adquiere de la empresa Aedon por casi ocho millones de euros unos trabajos urbanísticos que databan de 1999 y que ya habían sido entregados en su día al Ayuntamiento".

El ministerio público precisa en su escrito, recogido en el sumario al que tuvo acceso Europa Press, que los representantes municipales indicaron cuando la inspección que con esa operación se canceló una deuda de Planeamientos Estepona, sociedad que había sido reemplazada por Empladus, pero añade que "a juicio de lo actuado lo que se pretendía era imputar al año 2004 unos trabajos ya facturados en 1999".

El fiscal considera "llamativo" que los entonces alcalde y edil de Hacienda firmaran el contrato "pese a que el vicesecretario del Ayuntamiento había emitido un informe negativo", argumentando que el anterior contrato se hizo "vulnerando los principios de publicidad y concurrencia y que determinadas facturas no estaban justificadas a criterio del Tribunal de Cuentas".

Al margen de estas operaciones, el informe de la AEAT relata determinadas "contingencias tributarias" sobre los aprovechamientos urbanísticos, habiendo "diferencias entre los importes contabilizados en concepto de transmisión de los excesos y las autoliquidaciones presentadas", o sobre enajenaciones de suelo, que generaron ingresos y no fueron autoliquidadas.

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