Democracia Real Ya se opone a la reforma de la Constitución sin el respaldo de un referéndum popular y ha recordado que el artículo 92 de la Constitución Española afirma que "las decisiones políticas de especial transcendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos".

De este modo, han criticado que los partidos políticos mayoritarios, "en una decisión sin precedentes intentan modificar la Constitución en puntos vitales que afectan a la financiación del estado".

En este punto, han recordado el artículo 135 de la Consitución que dice que "el Gobierno habrá de estar autorizado por ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito", así como la Ley de Estabilidad Presupuestaria que lo desarrolla, la cual establece en su artículo 6 que "las políticas de gastos públicos deben establecerse teniendo en cuenta la situación económica y el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria".

Por tanto, han añadido, "nuestro ordenamiento jurídico ya contempla como debe financiarse el estado, y tras esta reforma constitucional solo se esconde la intención de limitar la capacidad de futuros gobiernos, y por lo tanto de secuestrar la voluntad popular y la soberanía nacional".

Y es que, en su opinión, si se fija constitucionalmente el techo de endeudamiento en el 0,4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) del país "se limitaría la capacidad de financiación del estado y se perdería soberanía. Con esta reforma, el estado paga primero a los proveedores y a los bancos a quien debe y si sobra se atienden los gastos sociales y las necesidades de los ciudadanos".

Por otro lado, han criticado la "nula efectividad de las medidas que hasta el momento han tomado los poderes políticos para frenar la crisis, que sólo han conseguido empobrecer aún más a las clases más desfavorecidas y su inacción ante los ataques especulativos financieros pueden llegar a provocar incluso la quiebra del estado".

Así, Democracia Real Ya se opone y opondrá frontalmente a la reforma constitucional propuesta por PP y PSOE, "ya que supone un golpe de estado encubierto que dejaría indefenso al país en manos de los poderes financieros internacionales y que tendría como consecuencia el desmantelamiento de las garantías sociales que son la base de nuestra actual Constitución".

Finalmente, ha pedido detener de inmediato el proceso de reforma emprendido, y convocar referéndum consultivo para cualquier modificación constitucional relevante; considerar el período que queda hasta las elecciones del 20-N, como un periodo de reflexión política; y promover la Reforma de la ley Electoral, aplazando el resto de iniciativas legislativas.

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