El titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales, Luis Acayro Sánchez Lázaro, ha ordenado este viernes la apertura de juicio oral por el caso Urdicam, que se celebrará en el Juzgado de lo Penal de Santander.

En el auto de apertura del juicio oral, el juez ha formulado acusación contra una veintena de personas —entre ellos, los dos últimos ex alcaldes de Castro Urdiales, Fernando Muguruza y Rufino Díaz Helguera, y varios concejales y ex concejales de la Corporación municipal— por delitos de prevaricación administrativa y urbanística.

Las imputaciones se corresponden con las presuntas irregularidades que se sucedieron en el desarrollo urbanístico de las unidades de ejecución 1.33 y 1.34 del municipio castreño, así como en la venta de las viviendas pese a la supuesta ilegalidad de las construcciones de varias inmobiliarias, como Urdicam, Promociones Cotolino, Castrum Varduliex e Izarra.

Una lista más reducida

La orden de apertura del juicio oral llega poco más de un mes después de que la Audiencia de Cantabria revocara en gran parte un auto de enero del juez por esta causa, en el que imputaba a 32 personas, entre las que había políticos, expolíticos, funcionarios, técnicos y constructores.

Así, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial aceptó algunos de los recursos que presentaron los promotores de estas cuatro inmobiliarias y los de algunos técnicos y funcionarios, imputados por el juez por delitos contra la ordenación del territorio y estafa, que les fueron retirados. Por su parte, Díaz Helguera y Muguruza vieron reducida el número de imputaciones en esta causa.

En el auto dictado este viernes por el juez, que presenta una lista de imputados más reducida que el de enero tras la decisión de la Audiencia, se ratifican las medidas cautelares adoptadas durante la instrucción, entre ellas la paralización de la obra de la promotora Castrum Varduliex.

Según el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales, ha quedado "acreditado" que los promotores del proyecto "manipularon" el proyecto de reparcelación "para dar visos de legalidad a una ilegalidad".

Establece que, con su actuación, se ha reducido la superficie dedicada a equipamientos y han ocasionado un perjuicio al patrimonio municipal estimado en 2,4 millones de euros "sólo en las unidades de ejecución 1.33 y 1.34" tras la "modificación fraudelenta" del PGOU.

Además, en el auto dictado este viernes por el juez insta a comunicar al Registro de la Propiedad de la inclusión en la mismo de un proyecto de reparcelación "manipulado y falso" para que realice una anotación preventiva. En el apartado de indemnizaciones, el juez recuerda que hay una pieza abierta al efecto pendiente de recurso.

Contra este auto no se admite recurso, salvo en lo relativo a la situación personal de los acusados. Contra el pronunciamiento, cabe interponer un recurso de reforma en el plazo de los tres días siguientes a su notificación y un recurso de apelación dentro de los cinco siguientes a su notificación o con el de reforma.