Técnicos de la Xunta y operarios de la concesionaria de las obras, con la presencia de más de 20 agentes de Policía, han iniciado en la mañana de este viernes el desalojo de una pastelería y una vivienda —de los mismos propietarios—, penúltimos afectados por la expropiación de los terrenos donde se construirá el nuevo hospital de Vigo, entre las parroquias viguesas de Beade y Valladares.

A primera hora de la mañana y amparándose en un auto del Juzgado de lo Contencioso número 1, los técnicos cortaron el suministro eléctrico y de agua a las fincas afectadas, incluida una pequeña factoría de materiales de construcción que también está pendiente de un auto de desalojo, y maquinaria de la obra entró en las parcelas donde los operarios ya han comenzado los primeros trabajos para la demolición de los edificios, sin que hubiera resistencia ni incidentes.

Así, varios obreros han iniciado el desmontaje de puertas y ventanas, y el vaciado de la vivienda, así como el desmontaje de la panadería, cuya maquinaria estaba en el interior, así como materia prima y mercancía, según confirmaron los dueños.

En el lugar se congregaron los afectados, familiares y vecinos, y denunciaron "el atropello y abuso" de este desalojo "apresurado", ya que, según ha explicado el propietario del local, 'Cholo' Alonso, tuvo conocimiento del auto judicial hace escasos días y "no se respetaron los plazos" para presentar recurso, dejando a su familia y empleados en una situación "de miserable indefensión".

De hecho, su abogado, José Ramón Cuervo, ha explicado en declaraciones a los medios que la forma de proceder de la Xunta "busca la indefensión" de esta familia, que "no tiene a dónde ir, ni dónde alojarse, y que se quedan sin fuente de ingresos". EXPROPIACIÓN

Los afectados han confirmado que el Ejecutivo ya formalizó el pago de la expropiación y que ha desembolsado algo más de 400.000 euros euros por el valor del negocio, lo que incluye no sólo su reapertura en otro lugar, sino también el pago por cese de actividad durante 3 años. La misma cantidad fue abonada por el valor de la casa unifamiliar.

No obstante, el dueño de la panadería ha precisado que, según sus propias tasaciones, y teniendo en cuenta que la puesta en marcha del negocio otra vez supone nuevos gastos de licencias, permisos y otros conceptos, la compensación debería ser, sólo por la pastelería, de algo más de 2 millones de euros.

Asimismo, ha señalado que siempre ha reclamado a la Xunta que asuma el realojo del establecimiento y de la casa familiar en la misma zona, una petición denegada en reiteradas ocasiones.

Tras la entrada de maquinaria en las fincas, los técnicos de la obra han dado dos días de plazo a esta familia para recoger sus enseres personales, mobiliario de la casa, así como los efectos del negocio. El próximo lunes, se concluirá la ocupación de las parcelas como paso previo a la demolición de los inmuebles.

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