La diputada del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, ha afirmado que el recorte de aproximadamente 800 millones de euros que el Gobierno regional pretende llevar a cabo en sus presupuestos de 2012 "afectará, irremediablemente a la educación, la sanidad y los servicios sociales".

Rosique se ha referido de esta forma al anuncio del consejero de Economía y Hacienda, Salvador Marín, quien esta semana confirmó que el Gobierno regional está estudiando reducir, aproximadamente, entre un 15 y hasta un 18 por ciento los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2012, aunque garantizó que no ejecutará "recortes" en el sentido técnico del término.

La diputada regional socialista ha dicho que "diga lo que diga Salvador Marín, el recorte previsto por el Gobierno regional para 2012 afectará a todas las políticas sociales", según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

En este sentido, ha precisado que, "partiendo de lo dicho por Marín, el escenario para 2012 sería el siguiente: como el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para este año ha sido de 4.828 millones de euros, el del año que viene será de 800 millones menos, o sea de 4.028 millones".

En base a estas cifras, Rosique ha calculado que "de esos 4.028 millones, el consejero dice que 'no va a tocar' lo presupuestado para educación, sanidad y política social, y cuya cuantía asciende este año a 3.477 millones de euros, por lo que, como mínimo, ese sería el presupuesto de estas áreas para el año que viene".

A esos gastos, según la diputada, habría que sumar "los del capítulo de personal del resto de consejerías, cuyas nóminas dice están garantizadas, o sea 143 millones de euros más, a los que añadiremos gastos fijos como los financieros que en 2011 ascendían a 150 millones de euros, sin contar los gastos obligados de programas cofinanciados o los plurianuales".

"quedarían sólo 200

Millones para 5 CONSEJERÍAS"

"Sumado todo ello quedan tan sólo unos 200 millones de euros para las restantes consejerías, es decir, Presidencia; Agricultura y Agua; Obras Públicas y Ordenación del Territorio; Cultura y Turismo; Universidad, Empresa e Innovación, de los cuales unos 70 millones serían para gasto corriente y 12 para pagar la anualidad de la autovía del Noroeste", ha aseverado.

"Es decir, quedan poco más de 100 millones de euros para desarrollar las políticas de cinco importantes consejerías. Con las cuentas de Marín a Valcárcel le sobra medio Gobierno", añadió la diputada.

Por ello, Rosique se preguntó que, "de ser como el consejero dice, cómo se van a financiar las universidades públicas, las políticas medio ambientales y de protección del patrimonio, las carreteras, los fondos de cooperación local, las nuevas tecnologías, las políticas de I+D+I, o cómo se va a pagar a los proveedores o a las universidades lo que se les debe".

Según Rosique, la deuda de la Comunidad Autónoma con los proveedores, es decir, con empresas privadas, instituciones de todo tipo, tejido social y económico de la región, es de "2.000 millones de euros, la mitad de ellos del Servicio Murciano de Salud".

Asimismo, ha recordado que "se ha eliminado el peque-cheque, y no se ha pagado lo que se debía a las familias que lo tenían concedido; ha desaparecido de un plumazo el bono-libro; no se cumple la Ley de Renta Básica; 16.000 murcianos tienen reconocido su derecho a las prestaciones de la Ley de Dependencia y todavía no las están recibiendo, no pagan las subvenciones a las organizaciones sociales; y se les debe a las universidades públicas 75 millones de euros, entre otras cosas".

Si todo esto pasa en 2011, con un presupuesto de 4.828 millones de euros, Rosique se pregunta "qué va a pasar entonces en 2012 con 800 millones menos, y con una previsible nueva caída de los ingresos como consecuencia del agravamiento de la crisis económica".

El gobierno regional "debe contar la verdad"

Para concluir, Teresa Rosique exigió al Gobierno de Valcárcel, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, "que cuente la verdad sobre el alcance del recorte que piensa llevar a cabo y sus repercusiones sobre las políticas sociales (educación, sanidad y política social)".

Y anunció que el PSRM ha pedido la comparecencia de la consejera de Sanidad y Política Social, María Ángeles Palacios, "para que explique cómo va a afectar el recorte previsto a estas importantes áreas y cómo piensa garantizar las prestaciones sociales a las que los ciudadanos tienen derecho y son competencia exclusiva del Gobierno regional".