El delegado del Gobierno en la Región, Rafael González Tovar, ha insistido en que es "imposible legalmente" ampliar el plazo para solicitar las ayudas del Gobierno de España a las demoliciones de los edificios en Lorca afectados por los terremotos del pasado 11 de mayo, pero ha tendido la mano al resto de administraciones para solucionar "situaciones de excepcionalidad posterior".

El plazo, que concluía este domingo, 4 de septiembre, se ha prorrogado un día más, hasta el próximo lunes, 5 de septiembre, según el delegado, quien ha explicado que las ayudas a las demoliciones han superado ya en su totalidad los 12 millones de euros de coste.

En caso de haber situaciones "excepcionales sobrevenidas con posterioridad", Tovar ha dicho que las administraciones tendrán que "sentarse y buscarles fórmulas de solución", algo que el Gobierno de España "siempre ha estado totalmente abierto a hacer".

Por lo tanto, ha mostrado su disposición a "buscar otras fórmulas", puesto que es "imposible legalmente más ampliación de plazo por el Real Decreto". Según ha aseverado, se trata de una circunstancia que el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, "sabe perfectamente porque es abogado".

Al hilo, el delegado ha precisado que objetivo es que "entre las administraciones seamos capaces de que los lorquinos no tengan que pagar ni un solo euro por estas demoliciones, cosa a la que me comprometí en un primer momento".

"cada administración tiene una responsabilidad"

En cualquier caso, el delegado ha insistido en que este plazo de tres meses es "amplio" teniendo en cuenta que sirve para solicitar ayudas para obras de emergencia en Lorca "que no pueden prorrogarse indefinidamente", y en el que la diligencia "también es muy importante para que ese plazo pueda ser un plazo razonable".

Al respecto, ha hecho una llamada de atención a las administraciones implicadas en la evaluación de los inmuebles a derribar. Así, ha precisado que la necesidad de técnicos encargados de hacer los informes y expedientes de demolición "es algo que tenemos que ir subsanando".

"Obviamente, cada administración tiene una responsabilidad, la nuestra es pagar al 100 por ciento", ha remarcado el delegado del Gobierno, quien ha resaltado que los expedientes de derribos "normales" deberían estar "totalmente resueltos".

González Tovar ha recordado que el Gobierno de España hizo el Real Decreto Ley 6/2011 dos días después de los terremotos para establecer una hoja de ruta en la reconstrucción, y daba dos meses para que las actuaciones de emergencia pudieran ser sufragadas al 100 por ciento, que es el doble del tiempo máximo que se suele conceder.

Posteriormente, a petición de plataformas de afectados, del propio Ayuntamiento y del Grupo Municipal Socialista, entre otros, el delegado hizo una resolución de ampliación de este plazo en un mes más, que era el máximo periodo permitido por la Ley, con lo que el plazo total ascendió a tres meses.

Para iniciar los expedientes, González Tovar ha recordado que "solo se tiene que presentar la solicitud de los mismos en la Delegación para que sea posible que, a lo largo del tiempo, se vayan haciendo las actuaciones que llevan emparejados".

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