Los trabajadores de Locsa, centenaria factoría metalúrgica cordobesa que su actual propietaria, la multinacional italoalemana KME, quiere cerrar y prescindir de sus 120 empleados, han rechazado este martes las últimas propuestas de la dirección de la factoría y estudian nuevas movilizaciones.

En declaraciones a Europa Press, el presidente del comité de empresa, Francisco Pozuelo, ha explicado que la decisión se ha tomado de manera "unánime" en tres asambleas con toda la plantilla y en las que se ha analizado el plan social propuesto por la dirección, que los empleados rechazan junto con las indemnizaciones planteadas, porque "todo es inferior a las pretensiones de los trabajadores".

De este modo, ha anunciado, "vamos a hacer todo lo que legalmente esté en nuestras manos y denunciar todo lo que haya que denunciar, como los salarios atrasados del mes de julio que no se han cobrado". Por ello, la plantilla analizará diariamente nuevas movilizaciones en asambleas en las instalaciones, a las que han asistido tras dos meses, aunque "no hay funcionamiento al faltar la materia prima", indica el presidente del comité.

Entretanto, Pozuelo le recuerda al director general de KME en España, Andrés Barallobre, que no tira "la toalla pensando en que no haya nadie para hacerse cargo de las instalaciones", de hecho, agrega, "la entidad Cunext Copper está interesada en la fundición, pero no puede comprar cuando el que la tiene no está dispuesta a venderla, como es el caso del grupo KME".

Por todo ello, el representante de los empleados desea y confía en que la Administración andaluza y estatal apoyen a los trabajadores y "ojalá en el futuro se encuentre una salida factible para la industria cordobesa de Locsa", anhela Pozuelo.

Mientras, Barallobre cree que la postura del comité es "desafortunada" al rechazar la oferta "más generosa de las que hay en cierres de empresas similares", aunque, tal y como expresa a Europa Press, la propuesta sigue vigente hasta el 31 de agosto, "si no hay marcha atrás intentaremos vender el inventario de la fábrica de Córdoba y evitar más perdidas en ella, así como mantener la actividad en la factoría de Barcelona, que sí es rentable".

Para ello, espera que el próximo día 7 de septiembre el Tribunal Laboral se pronuncie "a favor" de la dirección de la empresa para el traslado de once empelados de Córdoba a Barcelona —acción suspendida cautelarmente—, al tiempo que precisa que "las garantías sindicales para salvar los puestos de trabajo en el proyecto de la fundición cordobesa solo han sido presentadas por los miembros de CCOO y no UGT".

Plan social

En concreto, la empresa ha hecho a los empleados de Locsa una propuesta "definitiva" basada en el plan social del 28 de junio de este año, de modo que "permite alcanzar un nivel indemnizatorio mínimo de casi 50 días por año y prejubilaciones desde los 52 años de edad, equivalente a una indemnización media de casi 60 días por año si se considera también a los trabajadores de menos de cuatro años de antigüedad, algunos de los cuales se llevarían hasta 270 días por año de indemnización". Además, los jóvenes recibirán indemnizaciones de 10.000, 20.000 y 30.000 euros en función de los años en la empresa.

La propuesta alternativa de la parte social supone, a su juicio, "algo irreal" ya que se piden indemnizaciones de 60 días por año sin límite más una anualidad lineal a todos los trabajadores; "algo fuera de toda lógica". Valga como ejemplo que para el caso de un empleado con una antigüedad de seis meses en la empresa y sueldo bruto anual de 16.000 euros la indemnización alcanzaría los 26.000 euros o 471 días por año, detalla Barallobre.

Así, advierte de que a falta de una aceptación formal de la propuesta hasta este miércoles, "el grupo KME se retirará definitiva e irrevocablemente de la negociación y se analizarán las soluciones que se pueden tomar para la viabilidad de la fábrica", porque, manifiesta, "ahora no hay trabajo y no hay dinero, están impagadas las nóminas de julio por la falta de fondos y el accionista no está dispuesto a perder más dinero aportando más créditos".

"Si aceptan, el grupo hará un cierre ordenado pagando todo lo pendiente y buscará dinero para las indemnizaciones, y si no es así, la dirección dejará que la empresa siga el curso legal que corresponda en función de la situación", indica Barallobre, quien aclara que aún con todo "no se plantea aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE), puesto que es una vía politizada". '

Locsa no se cierra'

Por su parte, los trabajadores han acordado mantener vivo el lema de 'Locsa no se cierra', que ha marcado todas sus movilizaciones desde que el pasado abril KME anunció que iba a cerrar su planta cordobesa, alegando unas pérdidas acumuladas en los últimos cuatro años de 17 millones de euros, que ahora ha elevado a 20, al contabilizar el primer semestre de 2011.

Después de que la empresa presentara un ERE que afectaba a toda la plantilla y que la Junta rechazó al no verlo justificado, y tras el anuncio de KME de que instará concurso de acreedores para Locsa, los trabajadores no se van a rendir y, según ha subrayado Pozuelo, van a "intentar meterle el dedo en el ojo a la empresa, usando las leyes".

Los trabajadores de Locsa siempre han destacado que la fábrica cordobesa es "viable y rentable a plena producción" y que incluso podría generar más empleo, una vez recuperados los clientes y las líneas de distribución de su producción de laminados y derivados de cobre y zinc en cuatro continentes, que KME había desviado en favor de sus factorías de Italia y Alemania, siendo esa la razón por la que la multinacional no estaría dispuesta, según los trabajadores, a dejar Locsa en manos de otro inversor, para que no le haga la competencia.