Incendio en Monterrey
Un hombre sujeta una cruz blanca durante una de las protestas contra la violencia en Monterrey (México). REUTERS/Carlos Jasso

Las autoridades mexicanas han capturado a cinco personas que han confesado estar vinculadas con el incendio que causó la muerte de 52 personas en un casino de la norteña ciudad de Monterrey, según el gobernador del estado de Nuevo León, Rodrigo Medina. Los arrestados han revelado que el móvil del crimen fue una extorsión a los propietarios.

Medina explicó al canal Televisa que algunos de los "confesos" aparecen incluso en las imágenes captadas por una cámara de seguridad del lugar, pero que de momento se desconoce a qué organización criminal pertenecen. La investigación para dar con el grupo de criminales que prendió fuego el jueves pasado al Casino Royale a plena luz del día, ha añadido, está en una "etapa crucial".

El gobernador, que se encontraba en la sede de la fiscalía local, aseguró que en este momento se lleva a cabo un operativo "importante para dar con el paradero de otras dos personas que han surgido de la indagatoria", e insistió en que el caso no quedará impune.

Actividades delictivas

Las autoridades han revisado los vídeos de seguridad del casino con los delincuentes detenidos, y éstos han detallado "la participación de otras personas y presuntamente de otros vehículos" que los investigadores no tenían registrados, así como de algunos individuos que sirvieron como "halcones" (informantes para el crimen organizado).

Los sospechosos también han dado a los investigadores información sobre un "acuerdo de cobros y extorsiones" al que presuntamente era sometido el casino. "De entrada lo que algunos de ellos (los delincuentes detenidos) manifiestan es precisamente alguna presión o extorsión que pudiera llevarse a cabo directamente contra los propietarios o los operadores del casino para recibir alguna cantidad de dinero", dijo.

A juicio de Medina, uno de los problemas "de fondo" es que en el estado operan casinos "únicamente con un permiso federal que no tiene visto bueno de los municipios", así como "hay un desorden en la proliferación" de ese tipo de establecimientos "que se prestan en ocasiones para actividades delictivas" o "son sujetos de extorsión".