Los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, y otras organizaciones sociales, han convocado para esta semana movilizaciones inmediatas en varias ciudades -dos concentraciones, el 31 de agosto y el 1 de septiembre- contra la reforma constitucional propuesta por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, además de una gran manifestación en Madrid para el próximo 6 de septiembre.

Así lo han anunciado el secretario Acción Sindical de CC.OO., Ramón Gorriz, y el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, tras mantener una reunión con el Sindicato de Estudiantes de España, Plataforma 2015 Y +, Consejo de la Juventud, Paz Ahora y Coordinadora de ONG's de España. La gran marcha se celebrará un día antes de la fecha prevista para el debate de la norma en el Senado.

Las organizaciones han explicado que las fechas de las movilizaciones de esta semana se fijarán definitivamente tras discutir con otras organizaciones y "ciudad por ciudad" la manera en que se articularán de mejor manera, pues la voluntad es "unir" tendencias. Asimismo, se han comprometido a apoyar cualquier movilización convocada con estos mismos objetivos.

Los dirigentes sindicales han calificado el acuerdo PP-PSOE de "muy grave", pues con esta reforma, dicen, se pone en riesgo el tejido social español, además de haberse planteado de una forma "inaceptable". "Con esa actitud se pillan números para generar el conflicto social", ha advertido Gorriz.

Los representantes de CC.OO. y UGT han insistido en que es una decisión "precipitada", tomada con "nocturnidad y alevosía" y en la que "se ha hurtado" la participación de la ciudadanía.

El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha advertido de que esta reforma constitucional "es un paso más de la deriva de recortes sociales y laborales" emprendida por el Gobierno, y ha señalado que, con los cambios en la Carta Magna, "se pretende dejar amarrado para el futuro el recorte del Estado del Bienestar".

El objetivo de estas protestas es conseguir que los Grupos Parlamentarios se opongan a la reforma y, en caso de que se apruebe, que se convoque un referéndum para que la ciudadanía pueda dar su opinión.

La medida, que llega este martes al Congreso de los Diputados para su toma en consideración, ha sido tramitada por el procedimiento de urgencia ya que, de no hacerse así -acortando todos los plazos-, no habría tiempo para aprobarla antes de la disolución de las Cortes, el 27 de septiembre, tras la convocatoria electoral del 20-N.

Por ello, y tras el acuerdo también en tiempo récord alcanzado entre PSOE y PP, ambos grupos registraron la propuesta de reforma en el registro del Congreso el pasado viernes. El paso siguiente será la toma en consideración el martes en el pleno del Congreso y tras el preceptivo plazo de 48 horas para la presentación de enmiendas volverá al hemiciclo para su debate y aprobación definitiva en esta cámara.

Según el artículo 167 de la Carta Magna, los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las cámaras. Una vez que la proposición de reforma del artículo 135 de la Constitución salga el viernes del Congreso, seguirá su trámite en el Senado, donde previsiblemente será sometida a votación el martes o el miércoles de la próxima semana.

El texto constitucional establece que, aprobada la reforma por las Cortes, se abre entonces un plazo de quince días tras el cual si una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras así lo solicita deberá ser sometido a referéndum.