El Partido Popular de Málaga continúa trabajando en la elaboración de su programa electoral para los próximos comicios nacionales y autonómicos, cuyas propuestas se centran "fundamentalmente" en la creación de empleo. No obstante, la mejora de la economía y la educación son también ejes "claves" para "hacer frente a la actual situación social y económica".

Así lo han asegurado este viernes en rueda de prensa el coordinador del programa del equipo de gobierno del PP de Málaga, Juan Ramón Casero, y los coordinadores del programa para las elecciones autonómicas y para las generales, Antonio Garrido y Manuel Díaz, respectivamente; quienes han destacado que se trata de un documento "realista" y "alejado de la frivolidad", en el que se garantiza que "no habrá recortes en materia educativa, sanitaria y en servicios sociales".

Para la elaboración del programa, han precisado, se tiene muy en cuenta el panorama actual, pues, en los últimos siete años el número de parados se ha incrementado en un 171 por ciento en Málaga, mientras que la cifra de ocupados ha ascendido "sólo" un cinco por ciento.

"Partimos de esta situación y eso nos obliga a hacer un programa responsable con el que podamos remontar y conseguir que Málaga, motor económico de Andalucía, no ocupe un lugar tan triste en cuanto a cifras de paro", han indicado.

De este modo, apostarán por la agricultura, ya que supone un sector productivo "muy importante", sobre todo, "lo que de ella se deriva": la industria agroalimentaria, ha precisado Casero, quien ha asegurado que también se trabajará sobre la construcción, ya que "hay malagueños esperando encontrar vivienda y extranjeros a quienes le gustaría vivir aquí".

EDUCACIÓN

La educación juega un papel "clave" en el programa electoral de los 'populares'. En este sentido, han abogado por buscar el consenso para que haya un modelo educativo que "dure muchos años", rechazando, de esta forma, "la fugacidad" actual de los planes de estudios, lo que han calificado de "lamentable".

Además, ante "la carencia" de equipamientos educativos, "el déficit" de centros y "la masificación" de alumnos, impulsarán la creación de nuevas infraestructuras en la provincia, tanto en la costa oriental como en la occidental, según ha especificado Garrido, quien ha señalado que es "responsabilidad exclusiva de la Junta de Andalucía construir equipamientos educativos, y de los ayuntamientos mantenerlos".

También en el ámbito educativo, pero más centrado en la Universidad, han apostado por la investigación y el desarrollo, pero teniendo en cuenta "un reto: transferir de manera eficaz la investigación universitaria a la realidad del mercado y de la industria", ya que "en Andalucía aún no se ha sido capaz de hacerlo", ha lamentado Garrido.

Por ello, se hace necesario, tal y como ha señalado, "priorizar objetivos de investigación", los cuales, en el caso de Málaga, se centrarían en la industria agroalimentaria, medioambiental y turística, es decir, los sectores que "más repercuten en la actividad empresarial".

No obstante, existen otros aspectos que también tienen cabida en el programa que el Partido Popular malagueño está elaborando de cara a las próximas elecciones. Entre ellos, el estudio para definir el corredor ferroviario; la red de evacuación de aguas residuales o la regeneración de la Baños del Carmen.

Igualmente, se incluirán iniciativas encaminadas a diversificar la actividad turística y cultural de Málaga, así como la conservación, mantenimiento y difusión "definitiva" de espacios culturales como el Acinipo, en Ronda, o el Conjunto Dolménico de Antequera, ha asegurado Díaz.

Acuerdo para la reforma constitucional

Al inicio de la rueda de prensa, el coordinador del programa del equipo de gobierno del Partido Popular malagueño, Juan Ramón Casero, ha hecho referencia al acuerdo alcanzado este viernes entre el PSOE y el PP para reformar el artículo 135 de la Constitución Española; manifestando que es "una buena señal" y que va "en la dirección adecuada".

"Esperemos que no sea la única para sacar al país de la situación en la que, lamentablemente, nos encontramos", ha expresado Casero tras conocer que los dos grandes partidos políticos han alcanzado un acuerdo, según el cual, la Ley Orgánica fijará en un 0,4 por ciento el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones públicas a partir del año 2020.

Este límite se distribuirá de la siguiente manera: el déficit estructural en que podrá incurrir el Estado no superará el 0,26 por ciento del PIB nacional, mientras que las Comunidades Autónomas no podrán superar el 0,14 por ciento de su PIB. Por su parte, las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario.