La organización agraria UPA en Andalucía denunciará ante la Agencia Andaluza de la Competencia la presunta fijación de precios en el algodón por parte de las desmotadoras y ha advertido de la posible "connivencia" con la Consejería de Agricultura y Pesca.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de UPA-A, Agustín Rodríguez, ha señalado que la denuncia la presentará la próxima semana al entender que las desmotadoras están ejerciendo "un presunto oligopolio mercantil", por el cual "están fijando presuntamente precios a la baja en el algodón a pagar a los agricultores".

Rodríguez ha recordado que a través del plan de reestructuración para las desmotadoras la cifra de estas industrias implantadas en la Comunidad se redujo a siete de las 22 existentes y ha apuntado que pertenecen a cinco empresas. Son estas industrias las que podrían estar pactando los precios a la baja, ya que analizando las series históricas internacionales del precio del algodón, se puede ver que "los griegos han recibido un 80 por ciento más en el precio por el algodón que los españoles en la última campaña", algo que se repetirá por lo que se prevé cuando, según ha detallado Rodríguez, los precios en estos dos países "eran similares".

De igual manera, UPA-A ha advertido de una "presunta connivencia" de la Consejería de Agricultura y Pesca, que puso en marcha el plan de reestructuración con "el cheque de los productores", algo que "no se hizo en Grecia" y que ha previsto una superficie para este año de 67.000 hectáreas cuando la cifra de referencia es de 45.000. De ahí que UPA-A se pregunte sobre "cómo va a haber capacidad en las desmotadoras".

Asimismo, Rodríguez ha apuntado que la Consejería "ha autorizado a abrir a unas desmotadoras y a otras que quieren, no se lo permite", por lo que podrían estar cayendo en un "presunto delito de prevaricación". Ante esta situación, el secretario general de UPA-Sevilla, José Antonio Méndez, ha pedido la dimisión de la secretaria general de Medio Rural y la Producción Ecológica, Mabel Salinas, y del director general de Fondos Agrarias, Pedro Zorrero.

Así, la organización agraria UPA-A prepara una denuncia que presentará a la Agencia Andaluza de la Competencia para que de acuerdo a sus objetivos abra un proceso de investigación y aclare si se está vulnerando la Ley de la Competencia.