Dos sindicatos policiales, el SPP (Sindicato Profesional de Policía) y el CEP (Confederación Española de Policía), han denunciado en un comunicado las presiones y amenazas de muerte que están sufriendo los antidisturbios que participaron las cargas contra las protestas laicas que coincidieron con la JMJ.

Aseguran que en las redes sociales hay desde unos días organizada una "caza al policía" con intentos de identificar y localizar los domicilios de los agentes mostrando fotografías. En concreto, a uno de los que intervino en la agresión, en la noche del pasado 18 de agosto, contra una joven y un fotógrafo. Los sindicatos anuncian que ya han adoptado medidas legales contra estos ataques.

El director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, ordenó el miércoles incoar expediente disciplinario por falta grave por haberse extralimitado en sus funciones a tres de los agentes que participaron en esos hechos. Los antidisturbios se exponen a una sanción de entre cinco días y tres meses de suspensión de funciones.

La CEP y el SPP acusan a la delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión, de ser la "máxima responsable del desorden público" por autorizar la marcha laica por una ruta desaconsejada en los informes de los responsables policiales. Asimismo, instan al ministro del Interior, Antonio Camacho, a que asuma su responsabilidad por "negar su apoyo" al Cuerpo Nacional de la Policía y por no haber comparecido en su debido momento.