La Consejería de Agricultura de Castilla y León ha asegurado que las azucareras con fábricas en la Comunidad están cumpliendo escrupulosamente el acuerdo que el departamento que dirige Silvia Clemente suscribió con ellas en 2008 con el principal objetivo de mantener el cultivo de remolacha necesario para cubrir su cuota de producción de azúcar, así como que los agricultores, en contra de lo afirmado por UCCL, están percibiendo los 40 euros por tonelada comprometidos.

Dicho acuerdo, con vigencia hasta la campaña 2013-2014, se produjo tras la aprobación, por parte de la Unión Europea y con el consentimiento del Gobierno de Rodríguez Zapatero, de la reforma del sector del azúcar en 2006, lo que provocó la desaparición de fábricas azucareras y del cultivo de la remolacha en otras comunidades como Castilla La Mancha y Extremadura, así como la reducción del 80 por ciento de la cuota en Andalucía y del 30 por ciento en Castilla y León.

Ante esta situación, y tras la "nefasta negociación por parte del Gobierno Central", tal y como ha criticado Zapatero en declaraciones recogidas por Europa Press, la Consejería de Agricultura y Ganadería suscribió el aludido acuerdo, "fundamental para el sector de la remolacha en la Comunidad ya que ha permitido que Castilla y León mantenga el 84% de la cuota española de producción de azúcar y cuatro fábricas azucareras. Además, cerró el mapa productivo en España y ha propiciado una estabilidad de ingresos a los agricultores a medio plazo que ha permitido mantener la superficie de remolacha en Castilla y León".

El acuerdo establecía un importe mínimo de 40 euros por tonelada para el productor de remolacha de la Comunidad, una cantidad que los más de 6.000 agricultores de remolacha tienen asegurada al margen de la situación del mercado.

Así, en la primera campaña efectiva del acuerdo, la 2008/2009, los agricultores percibieron 40,34 euros por tonelada; la pasada, la 2009/2010, la cantidad alcanzó los 40,48 euros y para la actual campaña 2010/2011, aunque aún no ha finalizado y habrá que esperar al 15 de septiembre para tener un importe definitivo, el precio mínimo previsto es de 40,16 euros por tonelada.

El acuerdo fijaba además un compromiso de las empresas de poner en marcha Planes de competitividad encaminados a reducir los costes de producción y a incrementar la producción.

Planes de competitividad

La Junta de Castilla y León, para garantizar el precio mínimo de los agricultores, fijó una dotación presupuestaria con fondos propios de la Comunidad Autónoma cifrada en 50 millones de euros.

"La Consejería de Agricultura y Ganadería ha mantenido y mantendrá este compromiso económico a pesar de las dificultades económicas actuales que afectan a las dotaciones presupuestarias de todas las administraciones públicas, aseguró Zapatero, quien ha resaltado que desde la firma del acuerdo se han destinado ya 24 millones de euros de los 50 comprometidos.

Con esta dotación, se pagan tres euros por tonelada de remolacha a los agricultores que se acojan a programas de competitividad de las empresas azucareras, que son también apoyados mediante ayudas a estas empresas.

Las empresas azucareras, asegura Zapatero, sí están cumpliendo los planes de competitividad aprobados, ya que las ayudas fijadas por la Consejería de Agricultura y Ganadería sólo se pagan cuando las empresas justifican adecuadamente la realización de la actividad subvencionada, así como el cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la ayuda; además de dicha justificación, la Consejería realiza controles y cuenta con informes técnicos que certifican el cumplimiento y realización de las acciones previstas.

El secretario general de la Consejería de Agricultura y Ganadería ha precisado también que el acuerdo no hace referencia alguna a la pulpa de la remolacha, como argumenta UCCL, sino que únicamente establece que la aportación de las empresas, que se fija como mínimo en 2,30 euros por tonelada, puede estar dirigida a conceptos diferentes de la entrega de remolacha, siempre que el importe vaya destinado íntegramente al cultivador, siendo posible por lo tanto pagarse por la pulpa a los agricultores.