La secretaria de Organización y portavoz del PSIB, Rosamaria Alberdi, ha abogado por abrir un debate social en torno a la manera en que se tiene que llevar a cabo la reforma de la Constitución para introducir un límite al déficit estructural de las administraciones públicas.

Así lo ha señalado Alberdi en declaraciones a los medios, en las que ha apoyado este medida propuesta este martes por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la cual busca, a su parecer, "controlar los mercados" pero al mismo tiempo "crear cohesión" y "hacer Europa más unificada". Por ello, ha considerado que esta medida se tendría que extender a todos los países europeos.

Asimismo, ha recordado que ya existen leyes que fijan un límite al déficit presupuestario, si bien ha matizado que el hecho de que se incluya este punto en la Carta Magna le da "más solidez".

La socialista ha recordado que la única modificación que se ha realizado de la Constitución -para introducir el derecho de los extranjeros al sufragio pasivo- se hizo sin referéndum.

En este sentido, ha afirmado que la posibilidad de llevar a cabo un referéndum para conocer la opinión de la sociedad sobre la modificación de la Carta Magna es uno de los puntos que tendrían que entrar en este debate social. "Se tiene que escuchar a la sociedad en las decisiones importantes", ha apostillado.

Pérdida de autogobierno

Cabe señalar que hay comunidades como la catalana que han mostrado reticencias respecto a esta medida ante el temor de que pueda suponer un límite al autogobierno, si bien este miércoles el conseller catalán de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, ha asegurado que el Govern catalán "sintoniza completamente con el espíritu" de estipular un límite al déficit estructural de las administraciones, aunque ha reconocido que preferiría que ese techo lo fijase el Parlament.

Los socialistas de las islas no están preocupados por este aspecto, según ha apuntado Alberdi, y prefieren centrarse en la vía que se utilizará para hacer la reforma de la Constitución.

"La cuestión es cómo hacerlo para que no hayan estos pequeños inconvenientes de falta de flexibilidad que algunas comunidades alertan y que a nosotros no nos preocupan porque estamos seguros de que encontraremos la mejor solución", ha afirmado Alberdi.

En cualquier caso, la socialista ha puesto en valor el hecho de que los dos partidos mayoritarios -PSOE y PP- hayan alcanzado un consenso en este asunto.

Convenio de carreteras

En otro orden de cosas, Alberdi ha acusado al PP de estar manipulando la polémica abierta en torno al Convenio de Carreteras porque "no quiere reconocer que se ha pagado desde esta comunidad autónoma un sobrecoste" para la construcción de las carreteras, al tiempo que por adelantar un dinero "que no se tenía que haber pagado".

Así se ha referido Alberdi a la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica que Baleares debe recibir alrededor de 333 millones de euros del Convenio de Carreteras (1998-2004) firmado entre el entonces presidente de la comunidad, Jaume Matas, y el ministro de Fomento, Arias Salgado, y que se debía destinar a la construcción de carreteras.

Alberdi ha explicado que la "mala praxis" del Govern del PP, que "aumentó un 400% el coste de las carreteras", hizo que el Ministerio de Fomento "rescindiera de forma unilateral unos convenios". No obstante, ha apuntado que la Audiencia Nacional determinó que "un convenio no puede ser rescindido de forma unilateral por una sola administración, en este caso el Gobierno".

Ante ello, se aconsejó convocar la Comisión Mixta para que resolviera el problema en su seno. Alberdi ha subrayado que en cuanto se supo esto, el Govern de Francesc Antich instó al Ministerio a convocarla.

La socialista ha explicado que el Ministerio les contestó que esperarían a que la sentencia fuera firme, lo cual se produjo el pasado mes de marzo, cuando el Govern volvió a solicitar la reunión de la Comisión Mixta.