El conseller de Presidencia, Antoni Gómez, ha considerado "muy positiva" la propuesta de poner un techo al déficit público por medio de una reforma de la Constitución, si bien ha lamentado que esta iniciativa "viene un poco impuesta por otros países".

Gómez ha recordado en declaraciones a los medios que esta propuesta ya fue planteada con anterioridad por el líder nacional del PP, Mariano Rajoy, si bien en su momento "no fue muy bien aceptada", ha apostillado.

"Nosotros creemos que el que exista una ley que regule y que controle el techo del gasto es bueno", ha asegurado Gómez, quien ha añadido que en anteriores gobiernos del PP "ya existía esta ley". Así, ha afirmado que esta medida permitió alcanzar al país la "bonanza económica" en aquel momento, si bien fue "abolida" con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha apuntado.

Convenio de carreteras

En otro orden de cosas, Gómez ha sido preguntado acerca de la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica que Baleares debe recibir alrededor de 333 millones de euros del Convenio de Carreteras (1998-2004) firmado entre el entonces presidente de la comunidad, Jaume Matas, y el ministro de Fomento, Arias Salgado, y que se debía destinar a la construcción de carreteras.

Gómez ha explicado que esta sentencia da la razón a la demanda que puso el Govern de Matas debido a la rescisión del convenio de "manera fraudulenta". Así, ha matizado que la sentencia reconoce esta deuda de 333 millones de euros con Baleares.

El conseller ha puntualizado el hecho de que esta sentencia se emitió el pasado mes de marzo y que desde entonces "ha estado en los cajones" y no se ha tenido conocimiento de ella hasta que el nuevo Govern la ha "descubierto".

Deuda por las expropiaciones para la construcción de carreteras

Por otra parte, Gómez ha aseverado que los 31 millones de euros de deuda que arrastra el Ejecutivo autonómico por expropiaciones realizadas para la construcción de carreteras es una "dejadez más" del anterior Govern que va a costar a los ciudadanos de las islas siete millones más en concepto de intereses.

Cabe recordar que estos 31 millones de deuda se derivan del pago no realizado de las expropiaciones de las carreteras construidas entre el 2004 y el 2007, como son las variantes de Llucmajor, Vilafranca, Capdepera, Manacor o Son Ferriol. Además, el 20 por ciento de esta cantidad corresponde a intereses, concretamente siete millones de euros, de los cuales 3,4 millones afectan a expropiaciones de Menorca e Ibiza y 3,2 millones en Mallorca.