El Tribunal Supremo ha ratificado que Baleares debe recibir alrededor de 3,33 millones de euros, presupuesto que se acordó mediante un convenio en el año 1998 entre el entonces presidente de la comunidad, Jaume Matas, y el ministro de Fomento, Arias Salgado, y que se debía destinar a la construcción de carreteras.

Así, con este convenio también se instauraba una comisión de seguimiento de los tramos de carretera que se tenían previsto construir. No obstante, en el año 2004, con la llegada del PSOE al Gobierno, la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, anuló dicho convenio mediante una orden ministerial.

Ante este hecho, el 2008 se publicó una sentencia por parte de la Audiencia Nacional que anuló dicha orden ministerial. Tras esta resolución, el entonces conseller de Obras Públicas, Jaume Carbonero, planteó un recurso de casación por parte del abogado del Estado y de la Comunidad Autónoma ante el Tribunal Supremo, que fue admitido el 2009.

Finalmente, el Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de casación, de manera que se acepta la resolución de la Audiencia Nacional y se declara el Convenio de Carreteras del 1998 vigente, con lo cual Baleares debería percibir alrededor de 3,33 millones.

Con todo, el conseller de Administraciones Públicas, Simón Gornés, ha afirmado que el hecho de que la sentencia se publicase en marzo y el Govern no la sacase a la luz demuestra la "prepotencia" del anterior Govern. Además, ha calificado este hecho de "grave", ya que cree que esta resolución "demuestra" la "competencia y legalidad" en materia de carreteras del Govern del Partido Popular.

Ante la posibilidad de recuperar los presupuestos acordados en el convenio de carreteras, Gornés ha asegurado que se creará una Comisión Mixta para estudiar la devolución.