El Gobierno vasco deberá refrendar esta propuesta.

Los partidos políticos creen que facilitaría el acceso a los alquileres sociales a los jóvenes y a las personas más necesitadas.

Ahora, el Gobierno exige unos ingresos mínimos anuales para solicitar viviendas de protección oficial. Esto margina a personas que en un momento dado no puedan justificar esa cantidad, aunque sí podrían pagar el alquiler. Para optar a las viviendas protegidas también hay que justificar unos ingresos, en este caso, superiores a 9.000 euros al año.