La consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, ha anunciado este viernes en Salobreña (Granada) que la Administración autonómica comenzará a pagar la semana que viene las ayudas a los agricultores afectados por la denominada 'crisis del pepino', unas subvenciones que ascienden a 58,5 millones de euros para la Costa de Granada y las provincias de Almería y Málaga y que supone el 100% de las pérdidas justificadas por los trabajadores del sector primario.

Concretamente, de las más de 2.400 hectáreas de producción afectadas en Andalucía por la alerta sanitaria alemana de la bacteria 'e-coli', más de 700 corresponden a la Costa de Granada, unas 1.000 a la de Almería y las 700 restantes al litoral malagueño (sobre todo la Axarquía).

El pago de las indemnizaciones se realizará por orden de llegada y siempre y cuando las solicitudes estén debidamente cumplimentadas y reúnan todos los requisitos que ya fijo la Junta de Andalucía en julio, mes en el que se abrió el plazo para optar a estas ayudas.

Aguilera ha incidido en que el problema de la agricultura andaluza es más profundo. "Los bajos precios y la pérdida de rentabilidad no tienen que ver con una crisis coyuntural sino que responden a una situación estructural de toda la agricultura europea que hay que tratar de cambiar con la reforma de la política común agraria".

La consejera ha añadido que se produce una simetría en la cadena alimentaria "porque el agricultor andaluz produce muy bien pero sin embargo no tiene repercusión alguna a la hora de poner un precio a un producto agrario. Eso afecta a la renta agraria por lo que la reforma debe proteger más a la actividad que desarrollan los agricultores y sus organizaciones".

Con respecto a los ataques de los agricultores franceses a los productores españoles, Aguilera ha criticado al Gobierno francés porque cree que estos ataques están basados en la "provocación" del Ejecutivo galo, que desde hace unos días ha hecho referencia a la entrada de productos españoles, lo que ha provocado, a su juicio, que los agricultores que también padecen precios bajos quieran eliminar a toda la competencia posible.

En ese sentido, ha censurado además que la Comisión Europea "no permita una libre circulación de los productos agrícolas andaluces como debe producirse".