El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Luis Martínez Guijarro, ha acusado al Gobierno de Castilla-La Mancha de "intentar criminalizar y amedrentar" a los farmacéuticos de la región y ha lamentado que el colectivo haya tenido que recurrir a la línea especial de crédito programada por Caja Rural de Castilla-La Mancha o a préstamos particulares con otras entidades para seguir ofreciendo un servicio que "forma parte del servicio sanitario".

En una rueda de prensa en Cuenca, Martínez Guijarro ha pedido al Gobierno de María Dolores de Cospedal que en lugar de abrir expedientes a los farmacéuticos se siente a buscar soluciones.

El dirigente socialista se ha referido a la crisis farmacéutica como un ejemplo del "a la fuerza ahorcan" y ha insistido en que "llevamos un par de años con una situación económica complicada y con esa situación económica complicada el anterior Gobierno pagaba las nóminas y las farmacias".

Además, ha dicho, "con lo que ingresa cada mes la Comunidad Autónoma de la participación de los ingresos del Estado se pueden pagar las nóminas y las farmacias, si no lo pagan es porque deciden pagar otras cosas". AUSTERIDAD

Por otra parte, Martínez Guijarro ha denunciado que la austeridad que promulga el Gobierno regional no es real porque ha suprimido puestos de dirección para crear otros similares.

En este sentido, ha puesto como ejemplo la creación de viceconsejerías "donde antes había Secretarías Generales" y el nombramiento de los coordinadores provinciales que para el socialista, son los antiguos delegados provinciales. "Es el mismo puesto y las mismas funciones con un nombre distinto, solo están intentando confundir a los ciudadanos", ha concluido.

Ces y defensor del pueblo

De otro lado, ha arremetido también contra el Gobierno de Cospedal por publicar el 13 de agosto los anteproyectos de las leyes que suprimirían el Consejo Económico y Social (CESI) y la figura del Defensor del Pueblo.

Ha lamentado que el período de alegaciones de estos anteproyectos de Ley es de quince días, del 16 de agosto al 31, "cuando todo el mundo está o de vacaciones o de fiestas en su pueblo".

Martínez Guijarro ha vuelto a trasladar al consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Jesús Labrador, que amplíe el plazo de alegaciones "para que los ciudadanos, entidades o asociaciones cuando se reincorporen a su vida cotidiana puedan opinar de una manera normal".