Los sindicatos del sector del transporte discrecional retomarán este martes las negociaciones con la patronal, después de que el pasado viernes se desconvocase la huelga convocada por USO y SITD, un encuentro en el que estos dos sindicatos solicitarán una subida del salario del 3 por ciento, porcentaje que corresponde al incremento del IPC durante el pasado año.

En la reunión, que tendrá lugar en la sede de la Federación Empresarial Balear de Transportes a partir de las 10.00 horas, también participarán representantes de CCOO y UGT, pese a que no se sumaron la huelga del pasado viernes que ocasionó diversos incidentes como cuatro personas detenidas, que una turista resultase herida por una pedrada de un piquete, o que diferentes autocares sufriesen daños materiales.

Así, una de las principales reivindicaciones de USO de cara al encuentro de este martes es conseguir el incremento del 3 por ciento en los salarios de los trabajadores.

Además, según este sindicato, la patronal ha introducido una serie de medidas que supondrán una pérdida de poder adquisitivo de los empleados, entre la que destacan la creación de tres categorías de conductores de autobús, de manera que cobrarían menos los que menor número de pasajeros transportase.

Otras de las reivindicaciones de USO es que contabilicen igual a la hora de cobrar tanto las horas de conducción, como las horas presenciales, tal como, según indica, contempla el actual convenio y "a lo que se opone la patronal", dado que, según critica el sindicato, pretende pagar menos las horas presenciales en las que los conductores están esperando a los pasajeros.

Según informaron durante la rueda de prensa celebrada para anunciar la desconvocatoria de huelga, patronal y sindicatos no se han fijado un límite de tiempo para alcanzar un acuerdo, por lo que tendrá que ser este martes cuando se cierre un calendario de negociaciones. No obstante, las organizaciones sindicales han pedido que el plazo sea "corto".

Cabe recordar que la jornada de huelga del pasado viernes fue calificada por el propio presidente del Govern, José Ramón Bauzá, de "absoluta vergüenza" puesto que, además de los incidentes producidos, ocasionó que 8.000 cruceristas que tenían previsto recalar en el puerto de Palma finalmente no lo hiciesen.