En la provincia de Huelva más de 27.000 personas se benefician desde su puesta en marcha en 2007 de la prestación enmarcada dentro de la Ley de Dependencia. De este modo, en una entrevista concedida a Europa Press, la delegada provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Huelva, Carmen Lloret, ha precisado que entorno a unas 30.000 han presentado la solicitud y en estos momentos hay más de 27.000 personas, cuyo expediente ya se encuentra resuelto, y pueden por tanto, percibir algún tipo de recurso.

Asimismo, en cuanto al tiempo medio que transcurre entre la solicitud y la recepción de la prestación, Lloret ha remarcado que "depende del espacio temporal en el que se haya echado la solicitud", pero en líneas generales y si no se producen inconvenientes, la media ronda entre los seis y ocho meses.

En esta misma línea, la delegada ha recordado que las personas que echaron la solicitud en 2007 "tardaron más tiempo porque el sistema tenía que ponerse en marcha", pero en la actualidad, que la situación está normalizada, los expedientes "se resuelven entre unos seis y ocho meses".

Asimismo, Lloret ha matizado que se pueden dar "circunstancias especiales", que hagan que determinadas zonas o en determinadas familias se produzcan algunas dificultades. En este sentido, ha puesto un ejemplo como lo que denominan 'el dependiente golondrina', es decir, que la persona dependiente viva en distintos domicilios a lo largo del año.

Por ello, ha recordado que para obtener la valoración correspondiente de la Ley de Dependencia, deben pasar por el entorno de la familia, el valorador de la Delegación Provincial, los servicios sanitarios, trabajadores sociales. "Se trata, por tanto, de varias entrevistas, visitas y puede tardar en función del calendario de las propias familias y del sistema", ha agregado. No obstante, "estamos entorno a los seis u ocho meses", ha recalcado Lloret.

De otro lado, la delegada ha recordado que Andalucía fue "la única" comunidad autónoma que puso en marcha una medición en el tiempo a la hora de resolver las solicitudes.

En consecuencia, al principio, desde el Gobierno andaluz se estimó que la media de resolución fuera seis meses, un periodo "ambicioso y más porque hay varias administraciones implicadas", como la Junta de Andalucía y los servicios sociales comunitarios y sanitarios.

Comparación con otros territorios

En este sentido, Lloret ha señalado que "la provincia de Huelva tiene menos población que la comunidad autónoma de Canarias y sin embargo, tiene el doble de resoluciones", lo que significa que "estamos haciendo un trabajo mucho más ágil y que nos hemos creído en términos generales mucho más la ley que otras comunidades".

Pero, "¿eso significa que la ciudadanía esté contenta?", se ha preguntado la delegada. En su opinión, "habrá ciudadanos con una urgencia especial, que miren su problema y puedan pensar que la administración va lenta", pero desde el punto de vista de la administración, "aún a pesar de que haya casos en los que por diversas razones haya cierta lentitud", lo cierto es que en términos generales, "estamos satisfechos de los resultados de la Ley de Dependencia en la provincia de Huelva".

Graduación de la dependencia

De otro lado, Lloret ha explicado que la ley tiene una implantación en el tiempo y el final está fijado en 2015, "por tanto hay personas que ahora mismo no tienen derecho a este recurso y lo tendrán después en el 2014 ó 2015".

La Ley de Dependencia gradúa el grado de dependencia de cada persona, por lo que se ha hecho por anualidades. De este modo, las primeras personas que se atendieron eran grandes dependientes, la mayoría encamados y a partir de 2007, han ido entrando otros grados de dependencia de menor intensidad, y así sucesivamente.

Cuestionada por si la solicitud de esta prestación ha ido aumentado con el paso del tiempo, la delegado ha respondido que el fenómeno se ha producido "a la inversa". Al principio, la ciudadanía "solicitó mucho y la entrada fue muy alta", pero, "poco a poco se ha ido normalizando y ya se empieza a entender como un derecho normalizado", ya que en el comienzo muchos de los solicitantes no cumplían los requisitos.

Por último, ha precisado que como en cualquier ley que se pone en marcha, se produce "una avalancha en un principio pero luego se regulariza con el tiempo".