El conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, ha reclamado este viernes al Gobierno central que los cerca de 30 millones de euros de ingresos que genera la administración valenciana de justicia por los saldos de los depósitos judiciales, tasas y multas recaudadas reviertan directamente en la Comunitat Valenciana, ya que con este dinero se podría "dar un paso muy importante en materia de modernización".

Cabré ha explicado que estos 30 millones se destinarían a la implantación del expediente judicial y "para todas las necesidades básicas que tenemos". Además, ha asegurado que no se va a reducir el presupuesto de justicia y ha añadido que estos ingresos serán para los juzgados "como un plus", con el que la justicia valenciana "puede cambiar mucho".

El conseller ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para transmitirle las principales líneas de trabajo que seguirá su departamento durante la próxima legislatura.

El titular de Justicia ha señalado, tras el encuentro, que en esta legislatura se ha marcado el objetivo de "actuar con eficacia y eficiencia absoluta en la gestión para hacer más con menos, dando prioridad a las políticas esenciales aún a costa de aquellas que, siendo también básicas, deberán esperar a una mejora de la situación económica".

En relación al área de Justicia, Jorge Cabré ha subrayado que tiene como objetivo ofrecer una justicia "más rápida y eficaz, adaptada al contenido de las nuevas leyes procesales y a la actual situación socioeconómica". Para lograrlo, considera fundamental "hacer un gran esfuerzo de modernización de la administración de justicia para mejorar la gestión procesal y la prestación de nuevos servicios al ciudadano".

Las principales líneas de actuación para garantizar la modernización de la administración de justicia son, en primer lugar, la modificación de las estructuras judiciales para poder desarrollar y poner en marcha la Nueva Oficina Judicial; en segundo lugar, avanzar en la consecución del Expediente Digital y en el desarrollo de nuevas aplicaciones; y, por último, la modernización de los Archivos Judiciales.

Turno de oficio

Además, el responsable de Justicia se ha comprometido a mejorar la gestión y la racionalización del gasto del turno de oficio y de la asistencia jurídica gratuita y, para ello, considera "crucial" la implantación del Expediente Digital y la colaboración permanente con los Colegios de Abogados y Procuradores.

Cabré se ha mostrado dispuesto a liderar el debate nacional para lograr "un nuevo sistema de financiación de la Justicia igualitario en toda España, que implique un mayor compromiso del Estado en su sostenimiento".

Otros dos asuntos que van a centrar la gestión del Consell esta legislatura en materia de justicia es, por una parte, lograr la equiparación del número de jueces por cada 100.000 habitantes a la media nacional y, por otra, limitar la litigiosidad haciendo especial incidencia "en las fórmulas extrajudiciales de resolución de conflictos como la mediación".

Ley de dependencia

Respecto al área de política social, el conseller ha aseverado que alcanzará a lo largo de la legislatura "la completa implantación de la Ley de Dependencia en la Comunitat para que llegue a todos los dependientes y el desarrollo integro del catalogo de prestaciones y servicios".

"Vamos a exigir lo que a los dependientes de la Comunitat Valenciana les corresponde por ley y es la financiación legalmente prevista en la Ley de Dependencia. El Estado está obligado a abonar a cada comunidad autónoma el 50% del coste y no el 25% que está aportando actualmente", ha incidido.

En este sentido, Cabré ha manifestado que la asistencia profesional y de calidad supone también una vía de creación de empleo estable. Hasta ahora, ha destacado, "se han generado más de 40.000 puestos de trabajo siendo lideres a nivel nacional".

Por otro lado, el conseller ha informado a Alberto Fabra de que a lo largo del próximo trimestre presentará en el Pleno del Consell el Anteproyecto de Ley Integral contra la Violencia sobre la Mujer de la Comunitat Valenciana, una normativa que amplía algunos aspectos de la ley estatal como el reconocimiento de víctima a hijos y familiares dependientes o la inclusión de todo tipo de violencia contra la mujer.