La Comisión Europea permite a España restringir la entrada de ciudadanos rumanos hasta 2013

  • La CE tiene en cuenta la "dramática situación" del mercado laboral español.
  • Durante el primer trimestre del año había en España 191.400 rumanos en paro.
  • Hasta el 31 de diciembre de 2012 se volverán a requerir permisos de trabajo a los ciudadanos rumanos que quieran trabajar en el país.
Unos trabajadores rumanos esperan cola para solicitar la Tarjeta Europea en una comisaría.
Unos trabajadores rumanos esperan cola para solicitar la Tarjeta Europea en una comisaría.
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Unos trabajadores rumanos esperan cola para solicitar la Tarjeta Europea en una comisaría.

La Comisión Europea (CE) ha decidido este jueves permitir a España que restrinja la entrada de ciudadanos rumanos hasta finales de 2012, tras tener en cuenta la "dramática situación" que atraviesa el mercado laboral español. El Ejecutivo comunitario ha dado luz verde a la petición realizada por el Gobierno español el pasado 28 de julio, en la que detallaba las restricciones temporales que proyectaba aplicar a los trabajadores de origen rumano, según informó la CE en un comunicado.

La Comisión permitirá que España pueda aplicar hasta el 31 de diciembre de 2012 dichas restricciones, consistentes en volver a requerir permisos de trabajo a los ciudadanos rumanos que quieran venir a trabajar al país. Bruselas ha tenido en cuenta la difícil situación económica que atraviesa España, cuya caída del PIB entre 2008 y 2010 ha provocado la mayor tasa de desempleo de la UE, del 21 % en junio, según datos de Eurostat.

Según la CE, "la continua llegada de rumanos a España y su alto nivel de desempleo han tenido un impacto en la capacidad de este país de absorber nuevos flujos de trabajadores". Los trabajadores rumanos en España están "fuertemente afectados por el desempleo", con una tasa de paro de hasta el 30 %, señala la Comisión, que también subraya que durante el primer trimestre del año había en este país 191.400 rumanos en el paro, lo que supuso el segundo mayor grupo de desempleados tras los españoles.

La llegada de inmigrantes "continúa a niveles elevados"

Pese a la caída durante los últimos años del número de rumanos que van a trabajar a España -debido a la crisis económica-, la llegada de inmigrantes "continúa en niveles elevados", añade la CE. El número de rumanos residentes en España era de 823.000 en enero de 2010, frente a los 388.000 del mismo mes de 2006, según datos de la Comisión.

El comisario europeo de Empleo y Asuntos Sociales, Laszlo Andor, expresó en un comunicado su comprensión sobre la decisión "ante la dramática situación del empleo" en España, y afirmó que existen "suficientes datos" que la respaldan. Según Andor, incluso con la restricción temporal que aplicará ahora España, este país "estará más abierto a los trabajadores comunitarios que otros estados miembros".

No obstante, confió en que la decisión "sea lo más limitada en el tiempo posible", y destacó que "restringir la libertad de movimiento a los trabajadores no es la respuesta al alto desempleo". Andor pidió en cambio medidas "centradas en la creación de nuevas oportunidades laborales", y para lograrlo animó a España a continuar con las reformas de su mercado de trabajo. El comisario europeo también sugirió al Gobierno rumano "más esfuerzos" para mejorar la situación del empleo en dicho país.

Se aplicará a todos los sectores económicos

La nuevas restricciones se aplicarán a todos los sectores económicos y a todas las regiones, aunque no afectará a los ciudadanos rumanos que trabajan ahora en España, subrayó la CE. Dado que España ya ha abierto completamente su mercado laboral a todos los trabajadores europeos, la normativa comunitaria sólo permite derogaciones temporales a la libre circulación de personas.

La CE "seguirá de cerca la situación en España", y podrá "modificar o revocar" la autorización concedida este jueves a este país "si en algún momento lo considera necesario". El Ejecutivo comunitario informará de esta medida a los Veintisiete, y los estados miembros tendrán un plazo de dos semanas para solicitar la enmienda o la anulación de la decisión. Hasta la fecha ningún país de la UE ha manifestado objeciones contra esta medida, según fuentes comunitarias.

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