El colectivo de trabajadores de las cámaras agrarias andaluzas ha criticado la actitud "vergonzosa" de la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, sobre el futuro de estos empleados y han asegurado que "nadie nos ha ofrecido prejubilaciones".

En una nota remitida a Europa Press, los trabajadores de las cámaras agrarias consideran "indignante" que tras el "mutismo total y la negativa al dialogo por parte de la Consejería, se hagan este tipo de declaraciones que además faltan a la verdad y a la realidad de los hechos".

Este colectivo ha explicado que por parte de la administración autonómica han recibido una propuesta, consiste en un expediente de regulación de empleo (ERE), que, a su juicio, "tan sólo da opción a la extinción de los contratos de trabajo, ofreciendo una indemnización económica vergonzosa como compensación económica por los mas de 30 años de servicio que ostenta la mayoría del colectivo".

Ha lamentado que dichas indemnizaciones "las van a costear con cargo a los ingresos que obtengan por la enajenación de muchas cámaras agrarias locales".

"No es cierto que se hayan ofrecido prejubilaciones a ninguno de los trabajadores, ya que más del 80 por ciento del colectivo esta encuadrado, fraudulentamente, en el Régimen Especial Agrario y sin ninguna posibilidad de prejubilación, y en cambio, lo que sí se ha ofrecido han sido varios despidos encubiertos", han recalcado estos trabajadores.

Aseguran que "tampoco es cierto" que este colectivo se haya negado a incorporarse como personal de las organizaciones profesionales agrarias, sino que, según apuntan, "estas organizaciones se han negado a asumir como personal suyo porque en realidad nunca han tenido relación laboral con ellas".

Este colectivo le ha recordado a la consejera que han alcanzado este puesto de trabajo "tras haber superado un concurso-oposición convocado públicamente al efecto".

Además, lamenta que la consejera "olvida que gran parte del personal fijo de las cámaras agrarias ya se incorporó a la Junta de Andalucía como personal laboral fijo cuando se produjo el traspaso de competencias desde la Administración central a la autonómica en 1993".

Han recordado que "en todas las demás autonomías del resto de España —independientemente del signo político que las gobernase en ese momento— se ha procedido a incorporar al personal de las cámaras agrarias en su propia Administración autonómica cuando procedieron a la extinción de las mismas".

"El fondo de este problema no es laboral, ni social ni económico, el fondo es político y Aguilera hace referencia a que las cámaras agrarias son herencias del régimen anterior y basándose en esa premisa, considera que el personal que ha prestado servicios tiene que desaparecer", se han lamentado.