Casi 20 ayuntamientos deben nóminas a sus empleados, según UGT, que pide convenios regionales o provinciales

Cerca de 20 ayuntamientos andaluces deben nóminas a sus trabajadores, según un informe de FSP UGT-A, donde se recuerda que además los ayuntamientos que han presentado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), por lo que ha demandado la puesta en marcha de convenios colectivos en los ayuntamientos a nivel provincial o regional, para así "unificar condiciones salariales y laborales".

Cerca de 20 ayuntamientos andaluces deben nóminas a sus trabajadores, según un informe de

Fsp ugt-A, donde se recuerda que además los ayuntamientos que han presentado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), por lo que ha demandado la puesta en marcha de convenios colectivos en los ayuntamientos a nivel provincial o regional, para así "unificar condiciones salariales y laborales".

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de

Fsp ugt-A, Antonio Tirado, ha precisado que los ayuntamientos "han asumido competencias impropias que les ha llevado a ofrecer servicios a los vecinos sin recibir la financiación suficiente para afrontarlos, lo que ha ahogado las arcas municipales".

Entre los ayuntamientos cuyos trabajadores tienen nóminas pendientes de cobro se encuentran los sevillanos de Huévar, Estepa, Palomares, Burguillos, Herrera, Guillena, Benacazón, El Saucejo, Carrión de los Céspedes; en Huelva, Aljaraque, Valverde del Camino, entre otros; en Granada, Albuñol, Churriana de la Vega o Motril; en Malaga está Cañete la Real; y en Cádiz, La Línea, Barbate, Los Barrios o Jerez de la Frontera.

Tirado ha precisado que "salvo La Línea o Jerez, el resto son medianos y pequeños municipios" y ha apuntado que la casuística de estos municipios "es muy amplia", tras lo que ha advertido de que "se están precipitando los acontecimiento y algunos ayuntamientos están llegando a una situación insostenible, por lo que o se ponen las pilas los consistorios o esto no tendrá solución".

En ese sentido, el sindicato ha anunciado que a inicios de septiembre convocará el consejo regional de

Fsp ugt-A a todos los delegados y representantes de secciones sindicales, con vistas a convocar una "gran movilización" a final de mes de septiembre en Sevilla, que podría celebrarse en torno al 24 de septiembre, aunque la fecha no está cerrada.

"Los ayuntamientos deben implicarse de todas todas, de lo contrario esto será un desastre o un desbarajuste", ha agregado Tirado, quien advierte de que de esta situación "no se salva nadie, ningún partido se libra de no poder pagar a sus trabajadores".

El líder de UGT rechaza que la solución a los problemas de financiación de los ayuntamientos sea "despedir a sus trabajadores", cuando "hay muchas alternativas y el objetivo prioritario de los consistorios debe ser conservar el empleo".

Ha reconocido que "algunas plantillas están sobredimensionadas, pero eso no es culpa de los trabajadores, que están pagando el pato, sino de los gestores municipales, que no han sabido gestionar fraudulentamente sus ingresos y presupuestos".

El representante sindical ha precisado que se ha hablado con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) sobre este tema "a la que planteamos soluciones globales, para todos los ayuntamientos, no sólo parciales para cada consistorio" y en ese sentido aboga por "establecer un acuerdo a nivel nacional sobre la financiación de los ayuntamientos, algo que debe regularse por ley" y considera que la financiación y el presupuesto de los ayuntamientos "debe ser acorde a su población".

"Igual que hay una ley para la reforma laboral o para los recortes de empleados públicos, debe haber una ley para el cumplimiento de las obligaciones financieras de las entidades municipales", agrega Tirado, quien también considera necesario "adaptar plantillas a la población y a los servicios que prestan".

En ese sentido, UGT demanda una "homegeneización y unificación de criterios y condiciones a la hora de establecer los salarios" y establecer convenios provinciales o regionales, de carácter más global, sobre las condiciones de los ayuntamientos, toda vez que, según ha recordado "ahora cada municipio tiene su propio convenio".

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