La Consellería de Facenda ha afirmado que la nueva Ley de Patrimonio de Galicia —cuyo proyecto se encuentra actualmente en trámite parlamentario— estará aprobada "antes de que finalice el año 2011".

Así lo ha señalado este martes en un comunicado la secretaria xeral Técnica e do Patrimonio de la Consellería de Facenda, Rosa María Pedrosa Pedrosa, quien ha informado de que esta norma "se adaptará al escenario legislativo vigente y al tamaño de la Administración autonómica actual" y que "profundizará en la racionalización de la Administración instrumental", ya que "se inspira en la filosofía de un patrimonio único y de gestión integrada".

De esta manera, el proyecto de ley, establece que la nueva norma "que actualizará la ley autonómica de 1985", llevará a cabo "un control sobre el patrimonio de los entes instrumentales" que sólo "será vendido en el caso de que no sea necesario para los fines de la Administración Xeral de Galicia", al tiempo que se prevé que "antes de adquirir o alquilar un inmueble deberán contar con un informe favorable de Facenda".

Pedrosa ha incidido en que esta ley "se adecuará a preceptos básicos declarados en la Ley estatal de 2003" actuación que "hasta ahora no había sido realizada". Asimismo, se regulará y actualizará el Inventario Xeral da Comunidade Autónoma —acción que no se realizaba desde 1987—, lo que supondrá "solucionar las carencias actuales acerca de información patrimonial".

Novedades con respecto a la ley de 1985

La secretaria ha señalado que "lo que se pretende es dotar a la gestión patrimonial de mayor agilidad", para lo que "se reducirán los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos", al tiempo que "se atribuye la competencia para aprobación de numerosos expedientes a aquella persona responsable en materia de patrimonio en cada consellería".

Por otro lado, se establece que Facenda "tendrá la facultad de desafectar, ceder o aceptar cesiones", mientras que "cada entidad pública instrumental podrá a su vez aceptar cesiones". Asimismo, se permitirá el tráfico entre administraciones públicas de bienes de dominio público "sin que sea necesario alterar su calificación jurídica", hecho que "satisface las demandas presentadas por las administraciones locales".

Además, se tipificará por primera vez una relación de hechos "que pueden suponer infracción ao patrimonio", así como también las "sanciones correspondientes".