La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, ha indicado que "ahora mismo" la Junta de Andalucía no puede asumir la supresión del peaje de la AP-4, por lo que ha reconocido que el Gobierno andaluz "no lo tiene como prioridad".

En una entrevista concedida a Europa Press hace varias semanas y preguntada por dicha supresión, la consejera apuntó que el tramo ya suprimido entre Jerez de la Frontera y Cádiz "supone para la Junta pagar todos los años ocho millones de euros por ese tramo en el que la gente circula gratuitamente".

Por ello, Cruz Villalón indica que "dejar de pagar un peaje por parte de los usuarios para que éstos circulen gratuitamente supone que lo pase pagar el contribuyente". "Suprimir el peaje implica que una administración y otra tendrá que asumir el pago del negocio previsto que tenga la concesionaria hasta el final de la concesión", ha agregado.

Ante esto, la consejera dejó claro que "ahora mismo" la Junta "no puede asumir esa supresión del peaje" y ha recordado que dicha supresión "no significaría gratis total, sino que significa gratis para el usuario, pero a costa del contribuyente, en este caso a costa de la Junta de Andalucía".

En ese sentido, tras recordar que en una supresión "las administraciones se hacen cargo del pago de lo que no paga el usuario", ha dejado claro que el Gobierno andaluz "no tiene como prioridad la supresión de ese peaje".

La consejera ha recordado que "en pocos años finalizará la concesión y estará liberada la carretera" y ha apuntado que "en otros momentos el Gobierno central decidió prorrogar el plazo de concesión, por lo que parecía que no se acababa dicho peaje, algo que ya no ha vuelto a ocurrir a partir de 2004, fecha desde la que no se ha vuelto a prorrogar ese plazo, por lo que la fecha de finalización del peaje está ahora más cerca".

Debate sobre el pago de infraestructuras

Cruz Villalón asimismo se ha mostrado partidaria de abrir un debate sobre "quien paga el coste de las infraestructuras, si el contribuyente vía impuestos y administraciones, o el usuario", y aunque no emitió una opinión concreta, sí ha recordado la reflexión del ministro de Fomento, José Blanco, al hablar sobre el pago por el uso de las infraestructuras y aludir a que "sólo los gastos de conservación de carreteras tienen un coste muy alto".

La consejera ha recordado a Europa Press que "lo que paga el Gobierno o la Junta lo paga el contribuyente, mientras que el Ministerio de Fomento plantea que las infraestructuras las debe pagar el que las utiliza, esto es, el usuario".

"El debate sobre quien paga el mantenimiento de las infraestructuras es un debate interesante y muy importante, que se debe abrir", ha indicado Cruz Villalón, quien ha recordado que en Andalucía "la mayor parte de infraestructuras las está pagando el contribuyente, salvo en los peajes, donde las infraestructuras las paga el usuario".

La consejera reconoce que la crisis "está sirviendo para hacer una reflexión general sobre donde tenemos que aplicar nuestros recursos y qué carga debemos hacerle al contribuyente o el usuario de uno u otro servicio, y hasta ahora el contribuyente lo está pagando, pero ahora, en momento de crisis se ingresa menos, se debe abrir una reflexión".

Asimismo, considera que la sociedad "debe participar en ese debate y se debe tomar una decisión" y apunta que los ciudadanos "deben estar informados de cuanto cuestan los servicios; hay que decirles que las cosas no son gratis, que se pagan la sanidad y las carreteras con el impuesto de todos, se pagan entre todos".

Posición sobre la euroviñeta

Por otro lado, se ha posicionado, al igual que el Gobierno central, en contra de los planteamientos de la llamada 'Euroviñeta', planteado a nivel comunitario en clave de canon ambiental por el uso de infraestructuras y pensado para el tráfico pesado que circula por las carreteras.

Ha recordado en ese sentido que la posición de España, y también de Andalucía, "es contraria a ese canon porque este país está en la periferia de la UE, y mientras que nuestros camiones atraviesan los países centrales de Europa, los camiones de dichos países atraviesan menos nuestro territorio".

"España sale perjudicada con la aplicación de este canon al estar en la periferia", ha agregado.

Reconoce que la UE "apuesta porque se vaya a un cambio modal, de forma que el peso de la carretera en el tráfico de mercancías sea progresivamente sustituido y se balancee hacia el ferrocarril y los barcos, para que estos tengan más peso, y una de las formas es gravar con ese impuesto".