El secretario xeral de Unións Agrarias (UU.AA.), Roberto García, ha denunciado la existencia de "prácticas ilegales de anticompetencia" en industrias para "impedir" que el sector lácteo gallego "funcione" al no percibir el aumento de los precios de la leche que registra toda Europa y que "no se está trasladando a España".

Así lo ha manifestado Roberto García este jueves en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el responsable del departamento de ganadería del sindicato, Javier Iglesias, y en la que han instado al Gobierno gallego y al Tribunal de Defensa de la Competencia a llevar a cabo "acciones inmediatas" que pongan fin a esta situación, que perjudica en Galicia "a 13.000 familias" que viven de la producción de la leche.

En este escenario, el secretario xeral de UU.AA. ha cuestionado que, actualmente, en países "tremendamente excedentarios" como Francia o Alemania el precio que se les paga a los productores de leche sea cinco céntimos "más alto" que el que perciben "en un país deficitario" de este producto, como el caso de España.

Este hecho, que se expone en los datos del 'Informe sobre la evolución del precio de la leche, de los productos industriales y del pienso entre julio de 2009 y junio de 20011' —realizado por la Universidade de Santiago de Compostela para la Inlac—, según ha indicado, "solo es posible" si hay "un acuerdo ilegal" entre industrias para impedir que el mercado funcione a través de "prácticas ilegales y prohibidas de anticompetencia".

"prácticas de anticompetencia"

Entre las empresas que llevan a cabo estas medidas, tal y como ha detallado Roberto García, se encuentran Lactalis, a la que ha acusado de tener un comportamiento "totalmente diferente" con ganaderos de Francia y España al "subir el precio a los franceses unos cuatro céntimos y pagarles 0,35 euros y pagar 0,31 a los españoles".

Según ha añadido, este "juego" que tiene como fin "desmontar el sistema de producción" en la comunidad gallega, también es llevado a cabo por "la empresa portuguesa Lactogal" —propietaria de Celta— que, como ha asegurado, "sube el precio que paga por la leche a ganaderos portugueses y mantiene los precios" en la comunidad.

En este sentido, también ha criticado la actuación de la cooperativa Central Lechera Asturiana, a la que ha acusado de "subirle los precios a los ganaderos socios de la cooperativa y mantenerlo a la baja en el mercado gallego".

"actuación inmediata"

"Dónde está el Servicio de Defensa de la Competencia que, pese a tener una denuncia por escrito, efectuada por UU.AA, de la existencia de prácticas ilegales, a día de hoy, no ha efectuado ninguna acción", ha criticado Roberto García antes de cuestionar también las actuación del Tribunal de Defensa de la Competencia que "si abrió varios expedientes a los ganaderos por reunirse para pactar precios pero no está haciendo nada frente a la industria".

Asimismo, ha asegurado que "probablemente" el Tribunal de Defensa de la Competencia, esté "defendiendo un interés del Ministerio de Economía" de "evitar subir el IPC" y "no actuar", ya que, a su juicio, su preocupación es la subida del precio de la leche "tendría una consecuencia en el IPC alimentario". Una creencia que "es equivocada", pues como ha apuntado, los ganaderos reclaman "un reparto más transparente del precio que paga en consumidor por la leche, no la subida del precio al consumidor".

En esta línea, el secretario xeral de UU.AA ha añadido que "lo más preocupante" es que el Gobierno gallego, que "tiene constancia" de estas prácticas, permanezca "mirando para otro lado". Así, ha exigido a la Xunta una "actuación inmediata", ya que esta tiene "el 100 por cien de las competencias transferidas".

Finalmente, ha asegurado que, "por primera vez en la historia" el precio de productos como la leche en polvo o la mantequilla "está cinco céntimos por encima del precio recibido por los ganaderos". Una situación que "desde el punto de vista de la competencia", ha señalado, "refleja motivos suficientes para que, en estos momentos, hubiera una alarma generalizada" que posibilitase que las 13.000 familias que viven de la producción de la leche "no tengan que cerrar" sus granjas.