La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha ha trasladado al Delegado del Gobierno en la región, Máximo Díaz Cano, el "grave problema que supone para los agricultores de la región" la reactivación del periodo transitorio relativo a la libre circulación de los trabajadores de Rumanía, y ha insistido en "la imperiosa necesidad de que dicha normativa comience a aplicarse a partir del 15 de octubre para no perjudicar la campaña de vendimia".

Del mismo modo, la Organización Agraria ha recalcado que los empresarios agrarios, como parte de la sociedad española, "están muy interesados en reactivar las cifras de la población activa en el país", pero también ha recordado que "es necesario contar con más mano de obra predispuesta para cubrir todos los puestos de temporeros de la vendimia", ha informado ASAJA en nota de prensa.

Además, ASAJA ha reclamado que se reduzca la "excesiva burocracia", incrementada ahora con la nueva obligación de permiso de trabajo para los ciudadanos rumanos que quieran desplazarse a España o que ya estén aquí y quieran incorporarse al mercado laboral.

La Organización de Castilla-La Mancha ha lamentado que el Gobierno no haya tenido "la misma consideración" con los agricultores que con otros sectores, como el de servicios, ya que asegura que muchos de los trabajadores contratados para actividades relacionadas con el turismo veraniego "ya tienen la campaña cerrada y no les afectará la nueva normativa".

Oficinas preparadas

Por otro lado, ASAJA ha informado de que sus oficinas ya están preparadas para hacer todos los trámites necesarios para la contratación de personal para la vendimia, independientemente de si se necesitan o no permisos de trabajo, y los técnicos de las oficinas están en contacto con la Delegación del Gobierno para cumplimentar correctamente los expedientes y garantizar así a los empresarios agrarios que actúan dentro de la legalidad.

Del mismo modo, la Organización recomienda a los agricultores a no recurrir nunca a las fraudulentas empresas de servicio, porque "pueden estar expuestos a enormes sanciones que pueden abocarlos a la ruina".