La Generalitat expropiará los pisos que supongan un riesgo para sus ocupantes o vecinos o que lleven más de dos años vacíos.

Es una de las novedades del proyecto de la Ley del derecho a la vivienda que ayer aprobó el Consell Executiu y que es el estreno del nuevo conseller del ramo, Francesc Baltasar.

Esos pisos vacíos se destinarán al alquiler social durante un periodo máximo de seis años.

Será el Govern el que cobre para dárselo al propietario. El conseller de Medi Ambient i Habitatge rechazó que se ataque al
«derecho a la propiedad» y aseguró que es una norma de derechos.

Los pisos pasarán la ITV

La Ley Milà –se llama así el ex conseller de Habitatge– establece que los edificios deberán pasar obligatoriamente controles periódicos –ITV como los coches–, no sólo en función de su antigüedad, sino también por su tipología. También se fijarán los requisitos de habitabilidad y de seguridad

La nueva ley tiene previsto hacer inspecciones para detectar viviendas que están sobreocupadas para acabar con la degradación y el acoso inmobiliario.

Con la nueva ley se impulsará un parque específico de viviendas asequibles para atender a la población con pocos recursos para acceder a una vivienda digna de mercado. También, según el nuevo texto, se creará un sistema de ayudas al pago de los alquileres.

Contra la picaresca

La nueva ley abrirá un registro de intermediarios inmobiliarios, con el objetivo de tener fichados a los que se dediquen a la compra-venta.

El objetivo es acabar con lo que el conseller de Medi Ambient llegó a calificar de «desaprensivos» que estafan a los ciudadanos. Con el mismo objetivo de proteger al consumidor, la ley prevé evitar que salgan al mercado las viviendas sin cédula de habitabilidad, como trasteros.