Nueve cargos de alta dirección contratados a través de las empresas municipales en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) durante el pasado mandato han denunciado al Consistorio y reclamado su readmisión en su puesto de trabajo, según han explicado desde el equipo de gobierno a través de un comunicado.

Entre estas demandas se encuentra un cargo de confianza del área de Urbanismo que percibía unas retribuciones brutas anuales de 104.654 euros brutos. El resto, tenía unos ingresos que oscilaban entre los 63.449 euros y 54.216 euros brutos anuales.

El concejal de Hacienda, Manuel Aguilar, ha lamentado este miércoles en rueda de prensa que el anterior equipo de gobierno haya querido colocar a estos cargos políticos "por la puerta de atrás", mediante contratos en las empresas municipales como personal de alta dirección, "dejándoles vía libre para que mediante reclamaciones judiciales puedan consolidar su puesto dentro del Ayuntamiento, ya que su contrato laboral se rige por el régimen mercantil y por tanto, se les aplica el convenio colectivo".

Según Aguilar, "hay doce personas que fueron contratadas como alta dirección de las empresas municipales, con sueldos que suman 702.486 euros brutos anuales, que habrá que asumir dentro de la plantilla si reclaman su reincorporación", ha indicado el concejal.

El citado edil ha señalado que "no es la primera vez que un cargo de confianza de las empresas municipales denuncia en los tribunales y consigue reincorporarse al Ayuntamiento, convirtiéndose en personal laboral" y ha puesto como ejemplo a "altos cargos políticos de las empresas municipales que han consolidado sus puestos con sueldos que se acercan a los 5.000 euros mensuales".

Sobre este asunto, el concejal ha añadido que los anteriores responsables socialistas han consolidado puestos de confianza contratados en las sociedades públicas que suponen un gasto para las arcas municipales de, al menos, 240.000 euros brutos anuales.

Aguilar ha subrayado que los cargos de confianza del actual equipo de gobierno "están contratados en el Ayuntamiento y cesarán cuando se acabe el mandato de gobierno, sin posibilidad de quedarse como personal laboral del Ayuntamiento, porque su contrato termina cuando cesa el cargo del político, y así lo recoge la ley".

Respecto al coste del personal de confianza del anterior mandato Aguilar ha insistido en que había 21 cargos de confianza en las empresas municipales y en el Ayuntamiento, que suponían 937.697 euros brutos anuales.

Frente a esta situación, Aguilar ha indicado que el nuevo equipo de gobierno ha reducido el número de puestos políticos; así como el gasto que suponen para las arcas municipales, en más de 230.000 euros. De esta forma, los 17 cargos de confianza presupuestados, de los cuales solo se han ocupado 13, tendrán un coste de 705.050 euros.

Respuesta psoe

Ante estas declaraciones el anterior alcalde de Estepona, el socialista David Valadez, ha señalado a través de un comunicado que "ni uno sólo de los cargos de confianza o contratos de alta dirección que desempeñaron sus funciones en mi etapa como alcalde ha permanecido en el Consistorio".

Según ha explicado, "siendo yo alcalde de Estepona el Ayuntamiento destinaba un total de 288.918 euros anuales al personal eventual o de confianza. La propuesta que el PP aprobó hace semanas en pleno supone un total de 705.050 euros. El PP duplica el número de cargos de confianza, sube sus retribuciones, aumenta el perfil político en la toma de decisiones".

Respecto a la consolidación de cargos de confianza del PSOE como trabajadores de las empresas municipales, desde el partido señalan que esos contratos "se realizaron con anterioridad a la etapa de Valadez como alcalde", por lo que éste apunta que "no tiene nada que ver con ellos" y recuerda que él "resolvió unos contratos abusivos" e incluso fue a testificar a Málaga "en contra de esos privilegiados y a favor de los intereses municipales".

Desde el PSOE se recuerda que "en más de una ocasión en primera instancia el fallo judicial fue favorable al Ayuntamiento y luego, en recurso, el TSJA falló a favor de algunos contratados de alta dirección".

El portavoz del PSOE, David Valadez, insiste en que "nada tuve que ver con esos contratos que no sólo critiqué sino que despedimos y ha sido la justicia la que los ha readmitido, en contra de nuestra voluntad y en contra de nuestros testimonios en sede judicial a los que voluntariamente acudí en condición de testigo".