Los cuatro propietarios, tal y como señala la Guardia Civil, podrían haber cometido una infracción a la Ley 20/91, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias al haber importado de forma irregular cuatro veleros que se encuentran atracados en el puerto deportivo Marina de Santa Cruz. El total del valor defraudado, que tendrá que ser abonado por los propietarios de los barcos a la arcas de la Hacienda Canaria, asciende a más de 100.000 euros,

La primera de las embarcaciones, de 11 metros de eslora y valorada en 95.000 euros, entró en Canarias en el año 2008; la segunda, de 20 metros de eslora y un valor de 250.000 euros, lo hizo en 2009; la tercera, de 11 metros y un valor de 120.000 euros, también arribó en 2009; y la cuarta, de 14 metros y valorada en 327.000 euros, lo hizo en 2010.