El Gobierno regional abrirá una unidad especial de atención a los afectados por la Ley de Montes, en la que se agruparán los casos de características semejantes y, además, creará a instancia de los propios afectados una comisión de seguimiento de los trabajos para que puedan conocer el estado de las tramitaciones.

Así lo ha anunciado la consejera de Justicia, Leticia Díaz, en un encuentro con los periodistas, después de la reunión que ha mantenido junto a la consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Blanca Martínez con los afectados de Cantabria por la Ley de Montes.

Esta nueva unidad creará grupos de casos con una tipología similar, "para encuadrar las soluciones en esos ámbitos conjuntos". Además, ha estimado que se crearán entre diez y quince grupos. En todo caso, ha añadido, la unidad tendrá una "disponibilidad absoluta a encontrar alternativas".

Durante las tres horas de reunión, se han analizado por ayuntamientos "la diferente tipología de problemas", y la voluntad del Gobierno es, en un plazo "muy razonable de tiempo", ir analizando todos los expedientes, y buscar, "en aquellos casos en que haya", la solución y ponerla en práctica. En los casos donde ésta sea más "compleja" jurídicamente, se buscarán alternativas.

El Gobierno ha trasmitido a los afectados un mensaje de "absoluta tranquilidad" para que, según Díaz, "ninguna persona que tenga en el monte su primera vivienda, su modus vivendis, su estabulación ganadera" tenga la "inquietud" de que "mañana pueda tener que salir de su casa o tener que abandonar su instalación".

Además, el Gobierno ha acordado, a instancia de los afectados, que son "varios miles de personas", la constitución de una comisión de seguimiento de los trabajos, "para ir solventando estos problemas en relación con la aplicación de la Ley de Montes".

Así, en principio con reuniones trimestrales, se irá haciendo un seguimiento "de los pasos que se van dando por parte de la administración y afectados".

Según ha recordado la consejera, existe una "ley básica estatal que es de aplicación" en toda España, la Ley de Montes de 2003 y, actualmente, lo que no existe es la tramitación de una normativa autonómica, aunque ha añadido que podrá existir "en un futuro próximo".

La consejera puntualizó que el anteproyecto presentado por el anterior Ejecutivo "no partía de un estudio profundo de cuál es la situación", o "una planificación en materia de montes". Y es que, según Díaz, "lo importante es analizar la situación, ver cómo se quiere planificar el desarrollo sostenible de la comunidad, y entonces sí elaborar un anteproyecto que pueda se remitido al Parlamento".

Por tanto, después de un "conocimiento profundo" de la situación actual y las soluciones que se puedan ofrecer, se elaborará un nuevo anteproyecto "si procede". AFECTADOS

Por su parte, el portavoz de los afectados, Javier Rugama, ha destacado que lo "más duro" ha sido que el Gobierno no les ha aclarado "qué documentación es la válida" para determinar a quién pertenece cada finca.

Además, ha señalado que la revisión que va a hacer el Ejecutivo de todo el catálogo de montes les va a llevar "entre tres o cuatro años", aunque "no van a esperar a solucionar los temas" cuando se acabe ésta, sino que a medida que vayan realizando la revisión de los montes que afectan a un ayuntamiento, tratarán de dar solución a estos.

Aun así, según el portavoz, los afectados pensaban que el Gobierno les iba a dar "más soluciones", sobre todo respecto a la documentación requerida, pero van a ir "caso por caso", lo cual, "hablando de 7.000 afectados y más de 40.000 parcelas" van a tardar y se va a crear "una montaña de documentos".

Y es que, los afectados apostaban por una solución en la que se reconociese en el catastro las parcelas que "están como privadas", que "pagan contribución", "muchas registradas, otras con documentos privados" y "otras con documentos entre vecinos".

Respecto a la creación de la unidad especial, Rugama ha señalado que "sobre la mesa parece fácil", pero "ir a revisar 480 montes catalogados que hay en Cantabria, unas veces con documentos y otros a nivel de campo, es una labor que los anteriores no lo consiguieron".

Según ha dicho el portavoz, él sólo tiene datos de un caso que se ha solucionado en Soba, de cien expedientes existentes. En este caso, se ha reconocido una parte de la finca como propiedad privada, y el resto "no saben de quién es". Y, ha resaltado que "resolver un caso no es el camino", sino que se tienen que basar "en algo, como el catastro".

Para finalizar, Rugama ha destacado que hay una "predisposición diferente" por parte del actual Gobierno para solucionar esta problemática, aunque ha apostillado que "son palabras" y ellos quieren "hechos concretos".