Inspección de Trabajo da plazo de nueve meses a la Junta para crear servicios propios de prevención de riesgos laborales

CC.OO. denuncia que la Administración regional, junto con La Rioja, es la única que incumple la normativa en esta materia
Ernesto Angulo Y María Jesús Andrés, Responsables De CC.OO
Ernesto Angulo Y María Jesús Andrés, Responsables De CC.OO
EUROPA PRESS
Ernesto Angulo Y María Jesús Andrés, Responsables De CC.OO

La Inspección de Trabajo ha requerido a la Junta de Castilla y León para que en el plazo de nueve meses, antes del próximo mes de abril, constituya servicios propios de prevención de riesgos laborales para la totalidad de sus empleados, algo que, tal y como ha constatado a raíz de una denuncia interpuesta por CC.OO, sólo cumple con respecto a una parte de su plantilla.

Así lo ha puesto hoy de manifiesto Ernesto Angulo, responsable autonómico de Salud Laboral de CC.OO en la Junta de Castilla y León, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha sido taxativo al afirmar que el Ejecutivo que preside Juan Vicente Herrera incumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que a raíz de un Real Decreto de 1997 estipula con claridad que todas aquellas empresas con más de 500 trabajadores han de constituir Servicios de Prevención Propios (S.P.P) de Riesgos Laborales.

Si ya en 2007 CC.OO interpuso denuncia ante la Inspección de Trabajo sin obtener contestación alguna, después de que la Junta encomendara tales servicios a distintas empresas privadas, ha sido ahora tras una segunda denuncia presentada en 2010 cuando dicho órgano inspector ha estimado el planteamiento del sindicato, ha constatado que la Administración regional no cumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la ha requerido, de forma definitiva, para que en un plazo de nueve meses subsane esta grave deficiencia.

"Se da la paradoja de que la Junta es la encargada de sancionar y cobrar las sanciones a aquellas empresas privadas que no cumplen la normativa, cuando es ella misma la que la incumple", ha advertido Angulo, quien ha precisado que si bien no hay estipuladas sanciones económicas para las administraciones no cumplidoras, en el caso de las mercantiles multadas las cuantías pueden elevarse hasta los 40.000 euros.

El sindicalista ha censurado que la Junta haya cumplido con quince años de retraso la obligación de contar con un Plan de Prevención, como así lo requirió en 1995 la ley correspondiente, a lo que ha añadido que en la actualidad la Administración autonómica sólo cuenta con servicio de prevención propio, "heredado del Insalud", que atiende a los 35.329 trabajadores del Sacyl.

En el caso del resto de sus empleados, un total de 52.589 distribuidos en 2.843 centros, en su mayoría personal de la administración general y de educación, éstos se hallan cubiertos por empresas privadas a las que la Junta, incumpliendo la normativa, ha externalizado tal cometido.

"Castilla y León es la única comunidad autónoma, junto con La Rioja, que no cuenta con servicios propios de prevención de riesgos laborales", ha criticado Ernesto Angulo, quien ha precisado que, incluidos los 70 delegados que velan por la prevención en Sacyl, sería preciso que la Junta contara con cerca de 400 trabajadores para velar por la seguridad y salud laboral de la totalidad de su plantilla.

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