La Delegación provincial de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia en Cádiz ha aclarado que la tramitación del Plan de Reindustrialización en la Bahía de Cádiz de 2011 se sitúa en el marco "del normal funcionamiento" de estas reuniones de trabajo, todo ello después de que el presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza, anunciara este sábado que van a llevar a la Fiscalía la próxima semana el documento en el que se trata de modificar la baremación y la documentación relacionada con dicho Plan al considerar que "ha existido una clara voluntad de ayudar a determinadas empresas en perjuicio de otras".

En una nota, la Delegación provincial ha explicado que "las ayudas a la reindustrialización se enmarcan en la política de la UE de desarrollo de las regiones mediante el apoyo a la inversión y a la creación de empleo y se aplican según el mapa de zonas susceptibles de recibir apoyo aprobado por la Comisión Europea para el período 2009-2013".

Además, es una línea de actuación que en el marco de la política industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, "juega un importante papel en el desarrollo económico y social", mediante la creación de nuevo tejido industrial o adaptación del existente a las mejoras tecnológicas disponibles en los ámbitos territoriales de menor renta y los especialmente afectados por procesos de reestructuración y/o deslocalización industrial.

De esta manera, recuerdan que fue en octubre de 2009 cuando el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio convocó mediante Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Secretaría General de Industria, ayudas para actuaciones de reindustrialización en la comarca de la Bahía de Cádiz en el año 2010.

Así, a través de un convenio marco de colaboración con el Ministerio, la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía, se puso en marcha un instrumento para el asesoramiento y apoyo técnico a los proyectos presentados a este programa.

Entretanto, la sistemática de funcionamiento se materializó en un grupo de trabajo donde participaban personal técnico de los distintos suscriptores del convenio, para el estudio previo de los proyectos presentados y donde se realizaron las valoraciones de los distintos proyectos, "sustentadas meramente en criterios técnicos".

Por todo ello, apuntan, que las comunicaciones a las que se aluden, "se pueden situar en el marco del normal funcionamiento de estas reuniones de trabajo, donde se intercambian, comparten y cotejan informaciones, valoraciones y criterios para aportar, con carácter no vinculante, un diagnóstico de viabilidad y minimización del riesgo, que posteriormente debe ser ratificado en la Comisión Provincial de Valoración de la Diputación de Cádiz que lo eleva, finalmente, a la Dirección General de Industria del Ministerio, que aprueba, en su caso, el proyecto presentado al programa".