La consejera de Juventud del Gobierno ceutí, Susana Román (PP), ha alertado durante la sesión plenaria extraordinaria de control a la que la ha sometido la oposición para abordar la gestión del Área de Menores, cuyas competencias recibió hace doce años, de que la presión migratoria de los Menores Extranjeros no Acompañados (MENA) está llegando "a los niveles del año 2000", cuando la ciudad autónoma fue portada de los medios nacionales por las decenas de niños que había semiabandonados en sus calles.

Román ha atribuido a la "idónea gestión" que de Menores ha hecho Vivas durante los últimos diez años el que se consiguiera "acabar con los que se dieron en llamar 'mofetas', los niños de las escolleras y del pegamento". Según sus cifras, desde 1999 hasta ahora este departamento de la Administración local ha atendido a un total de 12.738 jóvenes.

Actualmente la Ciudad Autónoma tiene 25 internos en el centro de reforma de 'Punta Blanca', 169 niños en las instalaciones para foráneos no acompañados de 'La Esperanza' y 'Mediterráneo' y otros 14 en la guardería de San Ildefonso.

Para "mejorar" la asistencia que les brinda, el Ejecutivo ceutí ha pedido al Ministerio de Política Territorial que le permita utilizar el albergue para alojamiento de colectivos vulnerables que el Estado está terminando con cargo al segundo Fondo Estatal de Inversión Local para trasladar allí a todos los jóvenes extranjeros.

Román también ha subrayado que las aportaciones del Gobierno de España para la acogida de MENA se han reducido a "la mitad" de los 2,8 millones que se percibieron en 2009, cuando tocaron techo, durante los dos últimos ejercicios, por lo que el Área genera un déficit de "seis millones de euros al año que la Administración local soporta como ejemplo de la solidaridad que Ceuta pide y ofrece al resto del país".

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, José Antonio Carracao, ha criticado la "improvisación" con la que a su juicio gestionan los Populares este servicio, en la que según su criterio "las cantidades de dinero que se han invertido, que equivalen a 120 euros por niño y día, no se corresponden con la calidad de la atención que se ofrece".

El diputado del primer grupo de la oposición en la Asamblea Juan Luis Aróstegui ha exigido al Ejecutivo de Vivas un "cambio radical" en su gestión del área, que a su juicio "debe llevarse con el corazón y no con la calculadora en la mano". "Estamos donde estamos y no podemos mantener la ley del embudo moral que supone estar muy contentos con las personas que pasan la frontera para limpiar nuestras casas, cuidar de nuestros mayores y comprar pero renegar de quienes nos cuestan dinero", ha subrayado. "Hay que asumirlo todo, lo bueno y lo menos bueno, y considerar un orgullo la posibilidad que tenemos de contribuir a ayudar a estos niños a labrarse un futuro", ha terminado.