La portavoz del PP de Barakaldo (Bizkaia), Amaya Fernández, ha acusado al equipo de Gobierno municipal del PSE-EE de pretender adjudicar el servicio de OTA "aprovechando el mes de agosto y con unos pliegos claramente ilegales".

Fernández ha considerado los pliegos del servicio de OTA y de retirada de vehículos de la vía pública "un cóctel de mala fe e ilegalidades" y ha exigido a los socialistas una "rectificación inmediata".

Según ha explicado, los pliegos fueron aprobados por Decreto de Alcaldía 6.257, de 12 de julio de 2011, y publicados en el Boletín Oficial de Bizkaia el pasado 22 de julio. En el expediente administrativo, ha advertido, "constan hasta cuatro informes de legalidad contrarios a su aprobación, emitidos por el jefe del Servicio de Contratación, el secretario general, la Jefatura del Servicio de Urbanismo y Servicios Municipales, así como del interventor, ninguno favorable".

Fernández ya ha dado traslado de esta información a los servicios jurídicos del Partido Popular, que estudian la presentación de una demanda en los juzgados de lo contencioso-administrativo. No obstante, ha indicado que "al ser el mes de agosto inhábil para la justicia contencioso-administrativa, el presentar ahora el anuncio de un recurso de nada serviría, es decir, no podría paralizarse el proceso de licitación actualmente en curso".

En ese sentido, ha señalado que la apertura de las ofertas económicas está prevista para el viernes 26 de agosto y, "por tanto, para cuando los tribunales quisieran entrar a valorar el asunto, ya estaría adjudicado el servicio".

Por ello, ha insistido en denunciar "la mala fe que rodea todo este asunto", ya que "el contrato finalizaba el pasado 31 de marzo de 2011 y había tiempo de sobra por parte del área responsable del mismo de haber previsto esta situación y haber actuado correctamente".

Según ha indicado, los pliegos "determinan que corresponde al concesionario la realización de las operaciones de recaudación de las tasas abonadas por los usuarios de las zonas de estacionamiento limitado y por la expedición de las tarjetas de vehículos de residentes y las tarjetas especiales, así como la realización de las operaciones de recaudación de las tasas abonadas por los usuarios por las actividades de retirada de vehículos de la vía pública".

Sin embargo, ha denunciado que "no se menciona ni el área responsable del contrato, ni la persona o personas responsables de velar por la buena administración de este contrato y el debido control de los ingresos públicos que genera".

A su juicio, esta situación "se agrava si se tiene en cuenta que el juego del denominado 'canon variable', forma de retribución del contratista según pliegos, viene vinculado precisamente a la correcta determinación de estos ingresos tributarios derivados del servicio".