El Área Pública de CCOO critica que "desde el inicio de la crisis se han destruido 3.300 empleos públicos"

El Área Pública de CCOO, a raíz de las declaraciones de la consejera de Administraciones Públicas, respecto a un nuevo recorte en la plantilla de empleados públicos, insiste en que, como siempre ha hecho, "se posicionará en contra de cualquier intento de recorte adicional en la función pública, ya sea en las retribuciones o en el empleo y las condiciones laborales, que entiende injustos y fuera de lugar y por los que ya convocó una huelga general el 8 de junio".

El Área Pública de CCOO, a raíz de las declaraciones de la consejera de Administraciones Públicas, respecto a un nuevo recorte en la plantilla de empleados públicos, insiste en que, como siempre ha hecho, "se posicionará en contra de cualquier intento de recorte adicional en la función pública, ya sea en las retribuciones o en el empleo y las condiciones laborales, que entiende injustos y fuera de lugar y por los que ya convocó una huelga general el 8 de junio".

Según el Informe de Evolución de Empleo, desde el comienzo de la crisis el Gobierno de La Rioja "ha destruido 3.300 empleos públicos, el 20 por ciento del aumento del número de parados".

Por ello, insisten en nota de prensa, "además de los 55 funcionarios despedidos a fecha 1 de agosto, el Área Pública de CCOO critica que en el SERIS se produce un goteo constante de despidos y las vacaciones sólo se cubren al 40 por ciento, lo que afecta al buen funcionamiento de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos".

CCOO entiende que el Gobierno "debiera tener una mayor sensibilidad cuando habla de los empleados públicos, que tienen derecho, como el resto de los trabajadores, a una estabilidad laboral y económica y no al desasosiego que producen declaraciones continuas de recortes".

Por último, CCOO manifiesta que, "sin que quede la menor duda, estará en contra de cualquier intento de recorte adicional (en las retribuciones o en el empleo y las condiciones laborales) si se planteara por parte del Gobierno porque, al igual que dijo en mayo de 2010, es injusto e innecesario, y sólo puede llevar a un deterioro aún mayor de los servicios públicos y de su papel como elemento de cohesión social del conjunto de la ciudadanía".

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