"No vamos a tolerar ninguna situación esperpéntica y deleznable, nos jugamos la vida en la lucha antiterrorista". Jesús Martín Vázquez, portavoz y abogado de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO), explicaba así de contundente a 20minutos.es su reacción ante la noticia publicada por este medio en la que se denunciaba que, un mes después del atentado de Palma de 2009 en el que murieron dos agentes junto al cuartel de Palmanova, la cúpula de la Benemérita reconocía en un escrito que no estaba al tanto de las medidas de seguridad de sus instalaciones.

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil ha anunciado que se querellará contra las autoridades de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior que, "siendo garantes de la seguridad" fallaron en proteger de manera eficaz "a sus trabajadores", y en definitiva "a los ciudadanos", explica Martín. La querella se presentará por un delito contra la seguridad de los trabajadores con resultado de muerte.

"Nuestros servicios jurídicos están trabajando para exigir responsabilidades, caiga quien caiga", continúa.

Para la Unión de Oficiales "resulta incomprensible y de una irresponsabilidad difícil de describir que, pese al número de víctimas y atentados que acumula la Guardia Civil, el Ministerio y la Dirección General, en pleno 2009, no tuviese un exacto, minucioso y detallado conocimiento de los medios de seguridad con los que contaba cada acuartelamiento".

"USO remitió dos escritos, el 31 de julio de 2009 y el 8 de enero de 2010, al presidente  Zapatero y el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para denunciar las medidas de seguridad extremadamente deficientes con las que contaban las instalaciones, pero se hizo caso omiso", explica Martín, para quien "con 50 millones de euros" se habrían solucionado las necesidades básicas.

Con su querella, los oficiales, sin embargo, no pretenden "restar responsabilidad a los asesinos de ETA, que son los que colocan las bombas", pero sí insisten en que son exigibles "otro tipo de responsabilidades" a los superiores que mostraron "una dejación absoluta" en adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus agentes.

Este diario ha podido saber que en la actualidad solo 1.007 cuarteles tienen circuitos cerrados de TV, claves para vigilar el perímetro del acuartelamiento. El resto, más de 2.000, no los tienen.