IU-CA avisa de un "fraude" en las contrataciones del Ayuntamiento de La Algaba y el Gobierno lo niega

El Consistorio recuerda el derecho de los trabajadores a denunciar y la obligación de cumplir las resoluciones judiciales

El grupo de concejales de IU-CA en el Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla) ha acusado este jueves al Gobierno municipal de Diego Manuel Agüera (PSOE), de un "fraude" en las contrataciones al practicar supuestamente una "perversa fórmula" consistente en la contratación de militantes del PSOE o personas "afines" al partido, para luego despedirles y aconsejarles que denuncien tal extremo para que tales despidos sean declarados improcedentes y deriven en la readmisión de estos trabajadores en calidad de indefinidos. El Gobierno municipal niega cualquier contratación partidista y recuerda el deber de cumplir las resoluciones judiciales.

En un comunicado, los concejales de IU-CA avisan de esta "perversa fórmula para dejar indefinidos a los trabajadores afines al PSOE y a los militantes, creando la lógica discriminación con el resto de trabajadores, que para acceder a un puesto fijo tienen que pasar un proceso de selección". "Acumulan contratos de hasta 24 meses dentro de los últimos 30, después son despedidos y se les aconseja y apoya para denunciar los despidos y que sean declarados improcedentes", señala IU-CA, que asegura que el Gobierno municipal se "compromete" en estos casos a "readmitir" a los aludidos "con negociaciones de pasillo".

"Esto ya ha ocurrido con unas 25 personas desde la moción de censura del verano de 2009 hasta hoy, algunas de ellas candidatas e incluso algunos de ellos no reunían los requisitos", señala la federación de izquierdas. "Esta práctica ya realizada se va a repetir con cuatro personas que, en el mandato anterior formaban parte del Equipo de Gobierno como personal de confianza y que ahora tienen todos ellos contratos laborales con la idea de seguir cometiendo este tipo de fraude", avisa la coalición.

El Gobierno municipal, de su lado, niega cualquier contratación partidista y recuerda el derecho de los trabajadores a denunciar los aspectos con los que no estén de acuerdo y la obligación de las administraciones públicas de cumplir las resoluciones judiciales.

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