El presidente del Govern, José Ramón Bauzá, ha subrayado que Baleares atraviesa la situación de "mayor gravedad económica que jamás ha conocido esta Comunidad en la historia de la democracia" y ha reconocido que éste ha sido un problema "creado por los políticos", dado que en las islas "no sólo se ha vivido de prestado, sino a conciencia a lo grande y tirando de la tarjeta de crédito que pagamos todos".

En una rueda de prensa, en la que ha informado de que el Govern mantiene una deuda de 5.587 millones de euros, de los que 1.104,8 millones corresponden a las facturas pendientes con los proveedores, Bauzá ha comparado la gestión del anterior Ejecutivo con la de una familia que no llega a final de mes y apenas tiene dinero para pagar la hipoteca de su vivienda y que, sin embargo, "se endeuda y tira de la tarjeta de crédito para comer marisco y beber champán", ya que en Baleares "se han comprometido una serie de pagos a sabiendas que no se podían pagar".

"No quiero que los ciudadanos paguen la mala gestión del anterior Govern y, por eso, el peso de los ajustes no deben recaer sobre ellos, sino sobre la administración, ya que el problema ha sido generado por todos los políticos sin excepción y los míos los primeros y, por tanto, debemos ser nosotros los que le demos solución", ha resaltado.

Así, ha indicado que la deuda que mantiene el Ejecutivo son datos ofrecidos por el departamento de Intervención de la Conselleria de Economía y, por tanto, por los funcionarios, que han revelado que al tiempo que aumentaba la deuda y el déficit en la pasada legislatura, "disminuían las inversiones".

En esta línea, ha acusado al anterior Ejecutivo de Francesc Antich de "incumplir el límite del déficit", hasta el punto de que durante este año, el Gobierno central ha fijado un límite del 1,3 por ciento y a 30 de junio de este año ya se alcanzaba el 2,1 por ciento.

"Hay mil millones de euros de trabajos que se han contratado por alguien que no ha pagado, por lo que esta situación es insostenible", ha sostenido el presidente del Govern, quien se ha comprometido a "no engañar a nadie", de manera que sólo contratará aquellos servicios que pueda pagar. De este modo, ha afirmado que el Plan de Saneamiento Económico y Financiero aprobado este miércoles pretende "poner un punto y final al modelo de aquí pagamos con la tarjeta de crédito y no te preocupes que ya te pagaremos".

En esta línea, ha indicado que los proveedores "no se merecen que no se les pague y que mientras las familias estén apretándose el cinturón, los políticos no hagan nada más que quejarse y llorar".

Bauzá ha aseverado que, en estos momentos, todos los colectivos con los que el Govern mantiene unos pagos pendientes son "prioritarios", razón por la cual ha señalado que durante las reuniones que ya ha comenzado a mantener esta mañana con las entidades financieras, tras la aprobación del Plan de Saneamiento, les pedirá el "máximo de crédito posible".

"No queremos ponernos un límite con una deuda superior a los 1.000 millones de euros, sino que el límite nos lo pondrán las entidades bancarias y, a continuación, se fijarán unos calendarios de pago a los proveedores", ha explicado el presidente, quien ha recalcado que, gracias a la aprobación del Plan de Saneamiento, "algo que el anterior Govern no consiguió tras presentarlo en cuatro ocasiones", se ha generado una "confianza y credibilidad que hasta la fecha no tenía el Ejecutivo".

Tras afirmar que no se ha planteado renunciar a ninguna competencia, se ha comprometido a "desbloquear" aquellos proyectos productivos que están paralizados por cuestiones burocráticas, por lo que ha apostado por generar una "seguridad jurídica", con el fin de que los inversores "miren por fin a Baleares para desarrollar sus proyectos, dado que estos se están haciendo en otros países, cuando se podrían estar llevando a cabo aquí".

"recorte de subvenciones e inversiones"

Por su parte, el vicepresidente económico, Pep Ignasi Aguiló, ha anunciado que para reducir el gasto en 380 millones de euros este año y lograr los objetivos del déficit público (355 millones), se recortarán las subvenciones, de manera que sólo se mantendrán aquéllas que sean consideradas "esenciales para los servicios públicos básicos".

"Durante estos años de bonanza económica, muchos colectivos han sido subvencionados, lo que está generando distorsiones en el mercado en aquellos casos en los que lo reciben personas o empresas que están compitiendo con otras", ha indicado.

Asimismo, Aguiló ha avanzado que también se recortarán aquellas inversiones que no sean "capitales" para el desarrollo económico de Baleares, por lo que ha afirmado que en esta reducción no se incluirán las obras del Palacio de Congresos de Palma.

Por otro lado, ha aseverado que también se disminuirá el consumo que realiza la administración autonómica, para lo cual se creará una central de compra, al tiempo que ha anunciado que se acometerá una "reestructuración del sector público auxiliar".

Finalmente, no ha descartado acogerse a la línea ICO, anunciada por Salgado, para financiar la mitad de las devoluciones a las que las Comunidades Autónomas tienen que hacer frente en 2012 por liquidaciones de 2008 y 2009. Esta línea, a la que Baleares podrá acudir de forma voluntaria, tendrá un plazo de amortización de tres años y se destinará a pagar a proveedores.