El Govern mantiene una deuda de 5.587 millones de euros, de los que 1.104,8 millones corresponden a las facturas pendientes con los proveedores, un agujero que está dificultando el "desarrollo de la actividad económica" de la Comunidad Autónoma de Baleares.

A este pasivo hay que añadir que debido a la situación de déficit que arrastra la región (575 millones en 2011), los recursos financieros que consume la administración "no están fluyendo hacia los sectores productivos" —sector privado—, una situación que el Ejecutivo autonómico se propone invertir en los próximos meses.

Así lo ha informado el vicepresidente económico, Josep Ignasi Aguiló, en rueda de prensa junto al presidente del Govern, José Ramon Bauzà, convocada para dar cuenta del estado de las cuentas de la comunidad, el día después de que el Gobierno central haya aprobado el plan de equilibrio financiero que deberá permitir a Baleares ir reducir el déficit y sanear las finanzas a través de una reducción del gasto en 380 millones de euros a lo largo de este año.

Por primera vez, el nuevo Govern ha dado cifras sobre el estado de las cuentas de la comunidad. Así, tras revelar que el Govern debe más 1.000 millones de euros a los proveedores (facturas contabilizadas pendientes de pago), el responsable económico ha señalado que a 30 de junio de 2011 el déficit real de la comunidad es de 575 millones de euros.

"La brecha entre ingresos y gastos se abre de manera continuada durante esos años", ha manifestado Aguiló, quien ha desgranado que en 2010 el déficit alcanzó los 967 millones de euros, cuando cuatro años antes (2006) se situaba en 3 millones de euros.

Aguiló ha recordado que el objetivo de déficit público para las comunidades autónomas en 2011 se sitúa el 1,3% del PIB, lo que equivale para Baleares a 355 millones de euros, si bien ha desvelado que a 30 de junio de este año, el déficit se situaba en el 2,1 por ciento.

A todo ello, ha indicado que se debe añadir que el Ejecutivo balear pidió créditos por valor de 554 millones de euros en 2010; 1.160 millones en 2009; 575 millones en 2008; 99 millones en 2007 y 146 millones en 2006, mientras que las inversiones realizadas por la CAIB ascendieron a 150 millones en 2010; 201 millones en 2009; 222 millones en 2008 y 225 millones en 2007.

"Esta situación ha supuesto que la deuda publicada por el Banco de España asciende a 4.483 millones de euros a los que hay que añadir los 1.104,8 millones de las facturas pendientes de pago", ha resaltado el conseller.

No obstante, Bauzá ha avanzado que esta deuda se incrementará, teniendo en cuenta que aún se deben añadir las facturas pendientes de pago por parte de las distintas empresas públicas del Ejecutivo, para lo cual ha recordado que la Oficina de Control Presupuestario está realizando un estudio.

El presidente del Govern ha afirmado que pese a tener este escenario económico tan adverso, el Ejecutivo no subirá impuestos, no aplicará el 'copago' sanitario, ni prevé recortar el salario a los funcionarios públicos. Tampoco están en peligro los servicios básicos en educación ni sanidad y "bajo ningún concepto" se cerrarán puntos de atención continuada (PAC) y, "de hecho, jamás nos lo hemos planteado".

Bauzà ha garantizado que los 380 millones de euros que el Govern debe ahorrar este año para cumplir con el plan de saneamiento procederán del recorte drástico que aplicará el Ejecutivo a la estructura institucional, eso es, se suprimirá todo aquello prescindible.

Mantenimiento de la educación y sanidad "en calidad y cantidad"

A pesar de ello, ha garantizado que se mantendrá los mismos servicios "en calidad y cantidad" tanto en educación, como en sanidad, aunque ha considerado que "no es aceptable" que haya "muchos cargos que sólo estén sentados, ya que queremos que trabajen".

Así, el presidente del Ejecutivo ha avanzado que "habrá que quitar cargos, nombramientos y prebendas" y, en esta línea, ha estimado que en la administración sanitaria "sobran muchos cargos y faltan muchas más manos, por lo que quienes ocupaban un cargo deberán ponerse a trabajar y los que sobren, porque son eventuales, no podrán seguir, porque no nos podemos permitir gastar lo que no tenemos". De este modo, ha insistido en que los Gobiernos "no pueden ser oficinas de contratación".

"Los ciudadanos no deben pagar por lo que otros han hecho", ha enfatizado el presidente, quien ha reiterado en varias ocasiones que éste es un "problema creado por los políticos y que debe ser solucionado por ellos".

En este sentido, ha precisado que no distingue entre unas formaciones y otras, sino que todos los políticos "han contribuido a este modelo que hoy no nos podemos permitir" y que ha conducido a la "situación de mayor gravedad económica que jamás ha conocido Baleares en la historia de la democracia".