El decano del Colegio de Economistas de la Región de Murcia, Ramón Madrid, y el vicedecano, José Ignacio Gras, han coincidido en señalar acertada cualquier medida para reducir el déficit de las administraciones públicas e intentar recuperar el tejido empresarial, bien sea a través de financiación privada o del Instituto de Crédito Oficial (ICO), entre otras posibilidades.

Madrid y Gras han respondido de esta forma al ser preguntados por la nueva línea ICO propuesta este miércoles por la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para financiar la mitad de las devoluciones a las que tienen que hacer frente las comunidades autónomas en 2012 por liquidaciones de 2008 y 2009.

Precisamente, el decano y el vicedecano han hecho estas declaraciones en la rueda de prensa de presentación del décimo barómetro del Colegio, que refleja que los economistas murcianos encuestados para su realización valoran el control del déficit público como una de las medidas con más respaldo dentro de las propuestas por el Pacto del Euro.

Así, aunque el barómetro no hace referencia expresa a la medida adoptada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de aprobar una línea ICO, los economistas murcianos "tienen claro que, o el déficit público se controla, o la economía va a tener dificultades de crecer y desarrollarse", explica Gras.

Madrid ha puntualizado que "lo más difícil es decidir cómo se controla el déficit, y los recortes habrá que hacer", pero ha criticado que "no se puede tener un nivel de ingresos de 10 y un nivel de gastos de 20 o de 15, lo que es insostenible". Hasta que no se alcance un equilibrio, ha apostado por "seguir tomando medidas de ajuste para que no se dispare el déficit".

En este sentido, Gras ha considerado "una opción" los préstamos del ICO para tratar de evitar la destrucción del tejido empresarial, ante la falta de respuesta de la banca nacional, pero ha emplazado a no pensar que esto "se va a resolver en cuestión de poco tiempo".

Madrid ha dicho que si las administraciones públicas pagasen sus deudas y cumpliesen la ley "favorecerían la mejora en la situación económica". Así, ha considerado positivo todo lo que sea impulsar que las administraciones públicas actualicen sus pagos, puesto que "habría un respiro enorme en el funcionamiento diario de muchas empresas".

"vientos de cambio en la comunidad"

Por otro lado, el vicedecano del Colegio de Economistas ha afirmado que las últimas noticias de las consejerías de la Comunidad Autónoma "vislumbran que se quiere hacer un pacto para poder pagar a los proveedores que tiene la Comunidad Autónoma, lo que nos alegraría a todos".

En este sentido, Gras ha esperado que la Comunidad siga trabajando en esa línea "lo más rápidamente posible" porque el deterioro del tejido empresarial "es muy alto, especialmente, de todos los proveedores y suministradores de las administraciones públicas, que lo están pasando mal".

"Parece que con los nuevos vientos que corren en la Comunidad Autónoma, eso se va a solucionar de una forma rápida", según Gras, quien ha dicho desconocer si eso significará que "la Comunidad pagará rápido, si se alcanzará a algún compromiso o si habrá líneas de descuento".

Valoración del pacto del euro

En la décima edición del Barómetro, el Colegio de Economistas ha sometido al análisis de los economistas encuestados una serie de recomendaciones o reformas relacionadas con el llamado Pacto por el Euro, cuyo objetivo es responder a la crisis y atenuar las asimetrías de competitividad que existen entre los distintos países comunitarios.

Los colegiados encuestados han valorado en una escala que va desde 0 a 10 una serie de siete recomendaciones incluidas en dicho acuerdo para mejorar la competitividad europea, y ha reflejado que la mayoría de ellas obtienen una puntuación superior a la nota central de cinco, a excepción de la reducción de las cotizaciones sociales y aumento del IVA, que suspendió con una puntuación de 4,37.

Los economistas, sin embargo, muestran su conformidad con el resto de recomendaciones. En concreto, la que mejor acogida ha tenido, con una puntuación de 8,42 es la lucha contra el fraude, seguida de cerca por el control del déficit público mediante la incorporación a las leyes nacionales y subnacionales de límites para garantizar la disciplina fiscal, con una puntuación de 7,52.

A continuación, los economistas han valorado con un 7,27 vincular la evolución de los salarios con la productividad. La recomendación que es puntuada por encima de la nota media, con la menor valoración es la correspondiente a la adaptación de los sistemas públicos de pensiones a la esperanza de vida, con una puntuación de 6,24.

Valoración del movimiento 15-M O 19-J

El Barómetro también recoge la opinión de los economistas murcianos sobre las corrientes de opinión que se oponen a las reformas de este Pacto del Euro, y que se aglutinan alrededor del conocido movimiento del 15-M o 19-J.

Valoradas en una escala del 1 al 10, únicamente dos de estas críticas al Pacto del Euro obtienen una nota superior al 5, por lo que los economistas no están del todo de acuerdo con estos reproches en promedio, según el informe.

En concreto, la crítica que mejor acogida ha tenido por los economistas, con una puntuación de 6,77 puntos es la que reprocha que la subida del IVA castigará el consumo de las clases menos acaudaladas. El otro reproche que ha aprobado con una nota de 5,97 es el argumento de que los grandes beneficiarios serán los bancos, a los que se les asegura la supervivencia a diferencia de otro tipo de empresas.

La crítica que obtiene una puntuación más baja, un 4,01, es la que indica que el Pacto del Euro facilitará el despido y aumentarán los contratos temporales. Los economistas también suspenden con un 4,09 la posibilidad de que este Pacto reducirá el poder adquisitivo de los trabajadores y, en general, se erosionarán sus derechos laborales.

Los colegiados también suspenden, con un 4,13, el argumento que sostiene que, a la hora de vincular los salarios a la productividad, el trabajador estará indefenso por la falta de información en relación a la que tienen los empresarios; mientras que califican con un 4,40 el hecho de que bajar las cotizaciones sociales pondrá en peligro las pensiones y no hará aumentar la productividad.